No quitan el dedo del renglón. Diputados, autoridades fiscalizadoras, consejeros electorales y medios de comunicación siguen hablando de los contratos, proveedores y posibles irregularidades ocurridas dentro del Instituto Nacional Electoral.
Todos hablan… menos Guadalupe Taddei.
La expresidenta del INE no ha aparecido públicamente para responder a los nuevos señalamientos. No ha ofrecido una conferencia, no ha concedido una entrevista y, hasta el cierre de esta columna, tampoco se localiza una postura personal posterior en sus redes sociales. Como dice el conocido refrán: no ha salido a decir “esta boca es mía”.
Su última posición pública fue el mensaje escrito mediante el cual anunció su renuncia. Después vino el silencio. Incluso Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, reveló que Taddei no comunicó personalmente su decisión a los consejeros, abandonó el grupo institucional de WhatsApp y no había establecido contacto para realizar la entrega-recepción.
Mientras Taddei guarda silencio, el tono político sube. El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar declaró que la exfuncionaria “debe ir a la cárcel” y pidió la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República.
La expresión es fuerte, pero la cárcel no puede decretarse desde una tribuna ni mediante una declaración política. Primero debe existir una investigación seria, pruebas suficientes, derecho de defensa y una resolución judicial. Corresponde a las autoridades determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales.
La comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE confirmó que existen investigaciones sobre contrataciones y empresas proveedoras, algunas de las cuales presuntamente compartían representantes o mantenían relaciones que deben esclarecerse. Sin embargo, todavía no hay una sentencia contra Taddei.
Precisamente por eso resulta necesario que la expresidenta dé la cara.
Su silencio no constituye una confesión ni demuestra culpabilidad, pero sí alimenta las sospechas. Quien presidió el organismo encargado de exigir transparencia a partidos, candidatos y servidores públicos tiene una responsabilidad moral y política de explicar sus decisiones.
Taddei debería aclarar cómo se contrataron las empresas cuestionadas, qué relación mantuvo con sus representantes y qué participación tuvo su círculo cercano. Si considera que todo es producto de montajes, filtraciones o ataques políticos, debe presentar documentos, fechas y argumentos.
Renunciar pudo separarla del cargo, pero no borró los expedientes ni las preguntas. Tampoco basta con retirarse “con serenidad” cuando la institución que dejó enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de su historia.
Ramírez Cuéllar no quita el dedo del renglón y exige cárcel. Las investigaciones continúan y los señalamientos aumentan. Pero la principal involucrada parece haberse esfumado del escenario público.
Guadalupe Taddei tiene derecho al debido proceso y a defenderse. Lo que no puede esperar es que el silencio sustituya las explicaciones.
Porque cuando las acusaciones hacen tanto ruido, guardar silencio también se convierte en noticia.
RECURSOS PÚBLICOS QUE DEBEN APROVECHARSE
La decisión de la Secretaría de Finanzas de recuperar los recursos que las dependencias estatales ya no podrán ejercer antes de concluir 2026 busca evitar que el dinero público permanezca inmovilizado o se pierda por falta de tiempo.
Es correcto respetar los plazos legales de las licitaciones y evitar contrataciones apresuradas únicamente para agotar el presupuesto. Sin embargo, la devolución de recursos también evidencia la necesidad de mejorar la planeación en cada secretaría e instituto.
Los presupuestos deben traducirse oportunamente en obras, servicios y programas para la población. Por ello, será importante conocer cuánto dinero será recuperado, qué dependencias registraron subejercicios y hacia dónde se reasignarán esos recursos.
Optimizar el gasto es positivo, pero prevenir los subejercicios resulta todavía mejor. Una adecuada programación permitirá que cada peso autorizado cumpla su propósito y genere beneficios concretos para las familias tamaulipecas.
LA UAT IMPULSA LA LECTURA
La Feria del Libro UAT 2026 fortalece el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la cultura, la literatura y la formación integral de la juventud.
Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, este encuentro abre espacios a escritores reconocidos y nuevas voces, además de ofrecer actividades atractivas para todas las edades.
La intención de llevar la feria a otras regiones del estado permitirá acercar los libros, el arte y el conocimiento a más familias tamaulipecas, convirtiendo la lectura en una herramienta de crecimiento personal y transformación social.
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