¡Cuidado, un candidato!

UNO. – En Ciudad Victoria y en los distintos municipios de la entidad ya comenzaron a salir de sus escondites políticos los suspirantes, aspirantes y cuanto personaje considera que tiene posibilidades de aparecer en la boleta electoral de 2027. Las calles comienzan a llenarse de rostros conocidos, algunos demasiado conocidos, que de pronto descubrieron que la ciudadanía existe y que hay que salir a saludarla.

En Victoria, por ejemplo, la lista comienza a crecer. Por Morena aparecen nombres y más nombres vaya hasta Lalo Gattás, otra vez. Por el PAN ya se mueve Jorge “Tico” García y Juanjo Salazar, mientras que en Movimiento Ciudadano también se mencionan perfiles como Daniel Pérez, Melissa Mireles y Luis Torre Aliyán. Por ahora son aspiraciones, registros y movimientos partidistas, no candidaturas definidas.

Hay que decirlo. Y esto apenas comienza, pero lo interesante no es cuántos quieren aparecer en la fotografía, cuántos coordinadores se nombran o cuántos recorren colonias buscando reflectores. Lo verdaderamente importante será saber qué han hecho por la gente, qué resultados pueden presumir y qué tanto conocen los problemas de una ciudad que tiene muchas necesidades y no precisamente más políticos en campaña.

Porque hay que señalarlo con claridad: la ciudadanía debe aprender a observar a la persona y no solamente al partido que representa. La camiseta partidista no garantiza capacidad, honestidad, compromiso ni resultados. Tampoco convierte a nadie en servidor público por decreto o por recibir una designación de su dirigencia.

Hay quienes ya ocuparon cargos, tuvieron responsabilidades públicas y tuvieron la oportunidad de demostrar de qué estaban hechos. Algunos dejaron resultados que pueden defender; otros tendrán que explicar por qué, después de tanto tiempo en la política, siguen ofreciendo las mismas promesas.

Servir a la población no es un favor, es una obligación. Pavimentar una calle, atender una colonia, gestionar servicios públicos o escuchar a los ciudadanos no debería convertirse en una hazaña que se cobre electoralmente cada tres años.

También habrá que observar a los eternos reciclados de la política, a los que cambian de partido como quien cambia de camisa, a los amigos, compadres y recomendados que consideran que la administración pública es una puerta giratoria donde siempre debe existir un espacio reservado para ellos.

Y cuidado, porque ahora todos quieren ser medidos, encuestados, reconocidos y hasta fotografiados. Pero la verdadera encuesta está en las calles, en las colonias, en los ejidos y en la memoria de los ciudadanos. Ahí es donde se recuerda quién cumplió, quién solamente apareció para pedir el voto y quién, después de conseguirlo, desapareció.

No hay que dejarse impresionar por los recorridos, las fotografías, las reuniones multitudinarias ni los discursos de ocasión. Hay que revisar trayectorias, resultados, compromisos y, sobre todo, la congruencia entre lo que dicen y lo que han hecho.

Así que, desde ahora, una recomendación para los victorenses: ¡Cuidado, un candidato! Hay que caminar con precaución porque ya andan por todas partes. Y no vaya a ser que, en una de esas, por tanto, suspirante suelto, terminemos atropellando a alguno… aunque, siendo honestos, hay quienes hasta en las banquetas se atropellan solos.

DOS. – La denuncia de la diputada panista Patricia Saldívar Cano sobre las presuntas presiones administrativas que enfrentan médicos en hospitales de Tamaulipas pone sobre la mesa una realidad que difícilmente puede maquillarse: la crisis que atraviesa el sistema de salud y las condiciones en las que miles de pacientes reciben atención médica.

Lo denunciado es particularmente grave. Médicos que, presuntamente, reciben instrucciones de cambiar tratamientos por medicamentos disponibles en farmacia, negar incapacidades laborales, limitar hospitalizaciones y enviar a sus casas a pacientes que requieren atención especializada. Todo, aparentemente, bajo la lógica de reducir gastos y mejorar indicadores administrativos.

Si estas prácticas están ocurriendo, estamos frente a una distorsión inadmisible del servicio público de salud: los presupuestos y las estadísticas estarían pesando más que la vida, la recuperación y el bienestar de los pacientes.

La iniciativa presentada por Saldívar Cano para adicionar el artículo 61 Ter a la Ley de Salud de Tamaulipas busca precisamente impedir que las decisiones administrativas se impongan sobre el criterio científico y profesional de los médicos. Una propuesta que, muy aparte de su origen partidista, obliga a discutir un problema de fondo: ¿quién está decidiendo realmente cómo deben atenderse los pacientes en los hospitales públicos?

La denuncia de Patricia Saldívar Cano merece una respuesta puntual de las autoridades. No se trata de una simple confrontación política, sino de cuestionamientos que involucran derechos fundamentales y que deben investigarse.

Porque cuando un médico tiene que elegir entre obedecer una instrucción administrativa o actuar conforme a lo que científicamente necesita su paciente, algo está profundamente mal en el sistema.

Y si esa es la realidad que se vive en los hospitales de Tamaulipas, el problema no es de discurso ni de percepción: es una crisis de atención médica que no pueden seguir esquivando.

TRES. -De entrada, vale hacer una precisión y sobre todo hay que decir, señalar y puntualizar que la justicia ni puede depender de quienes son los familiares de la niña que falleció en un operativo en la ciudad fronteriza de Matamoros.

Lamentable que, en medio de la tragedia ocurrida en Matamoros, por la muerte de Aranza, una niña de apenas siete años, parece que la discusión pública comienza a desviarse hacia los antecedentes y presuntas actividades delictivas de algunos integrantes de su familia.

Y aunque esos antecedentes, de ser ciertos, deben investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la ley, hay algo que no se debe perder de vista: independientemente de quiénes sean sus padres, sus tíos o sus abuelos, aquí hay una niña que perdió la vida y alguien debe responder por ello.

Sencillo, si existen elementos para acreditar que sus familiares la expusieron deliberadamente a una situación de riesgo, que participaron en bloqueos o que la utilizaron como instrumento para obstaculizar un operativo de seguridad, también deben asumir las consecuencias legales de sus actos dado que ningún padre tiene derecho a poner en peligro la vida de sus hijos.

Pero tampoco se puede permitir que los posibles antecedentes criminales de una familia se conviertan en una justificación anticipada de la muerte de una menor, ni que sirvan por parte de la autoridad para desviar la atención de las circunstancias en las que perdió la vida.

Si hubo una actuación irregular, negligente o desproporcionada por parte de elementos de seguridad, debe investigarse y castigarse. Si hubo responsabilidades de particulares, también deben determinarse y sancionarse. La ley debe aplicarse a todos, sin privilegios, sin encubrimientos y sin prejuicios.

No se trata de defender a una familia ni de descalificar a las autoridades. Se trata de exigir que se conozca la verdad y que cada quien responda por sus actos, hay una muerte y eso debe quedar claro.

Los antecedentes de los adultos no condenan a los niños. Aranza no era responsable de las decisiones de sus padres, ni de las actividades de sus familiares, ni del contexto de violencia que pudiera rodearla.

La justicia no puede depender del apellido de una víctima, de la reputación de sus padres ni de los antecedentes de sus familiares. Una vida humana tiene el mismo valor, independientemente de su entorno, así de fácil.