La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta serias acusaciones de corrupción por contratados otorgados a empresas vinculadas con varios de sus colaboradores, como es el caso de Jonathan Navarrete Torres, quien supuestamente se desempeña como chofer de la funcionaria, pero resulta que nadie lo conoce en el organismo encargado de organizar los procesos electorales en el país.
Incluso, el secretario ejecutivo del INE, Roberto Félix López, dijo desconocer si el presunto chofer trabaja ahí, por lo que pediría a la Dirección General de Administración un informe porque nadie lo conoce, ni siquiera los guardias de seguridad.
El escándalo surgió cuando se dio a conocer que Navarrete Torres, chofer de la señora Taddei Zavala con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, resultó ser apoderado legal del Corporativo Zeg desde el 28 de junio de 2023, empresa proveedora de materiales electorales que ha recibido varios contratos millonarios, cuya información no la proporcionó en su declaración patrimonial del pasado 30 de junio del 2026.
Los dueños del Corporativo Zeg y Cajas Graf son los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes han obtenido contratos con la señora Taddei Zavala desde el 2021, cuando encabezaba el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPC) de Sonora.
El representante de ambas empresas en 2023 fue Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del INE bajo las órdenes de la señora Taddei Zavala hasta abril del 2026, cuando se vio obligado a renunciar tras críticas del Consejo General por presuntos conflictos de interés, ejercicio abusivo de funciones en la alteración de bases de licitación para credenciales de elector, entre otras anomalías.
Las compañías acumulan antecedentes de contrataciones con organismos electorales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua, entidades federativas donde funcionarios que posteriormente ocuparon cargos relevantes en el INE, como fue el caso de Iliana Araceli Hernández Gómez, quien luego de otorgar un contrato por 32 millones de pesos al Corporativo Zeg cuando se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Oaxaca, fue designada por la señora Taddei Zavala como titular de la Unidad de Género del INE.
De igual forma, Claudia Arlett Espino adjudicó un contrato por 33.9 millones de pesos a la empresa Cajas Graf en 2021 cuando presidió el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH), cuya concesión logró que tres años después fuera convocada por la señora Taddei Zavala para asumir la Secretaría Ejecutiva del INE.
Ante este entramado de corrupción en el INE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que se haga una investigación para deslindar responsabilidades ante las evidencias presentadas en contra de la señora Taddei Zavala, quien podría renunciar luego para evitar el descrédito del organismo encargado de organizar y ejecutar procesos electorales, como será la elección del domingo 6 de junio del 2027.
El escándalo fue abordado por el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien señaló que: “durante décadas los principios de integridad, honestidad y pulcritud en las licitaciones del INE han sido de lo más importantes, porque la imparcialidad del INE empieza por tomar distancia de los procesos de licitación”.
Asimismo, el experto electoral Arturo Espinosa Silis, señaló que el INE es nada más y nada menos que el órgano fiscalizador de los partidos, y el fiscalizador es el primero que tiene que poner el ejemplo en la pulcritud, transparencia y certeza en cuando al manejo de los recursos”.
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