El diputado Carmelo Cruz Mendoza (Morena) propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario tengan la obligación de acatar un trabajo en favor de la comunidad o del Estado, autorizado por el juez de ejecución de la pena, de conformidad con el perfil, grado de peligrosidad y respeto a los derechos humanos.
Las modificaciones a los artículos 11, 91 y 92 de dicha norma legal, también establecen que el trabajo se entenderá como una actividad productiva o “en bien de la comunidad o el Estado de forma legal”, y una de sus bases será en favor de estos.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, expone en los considerandos que las y los ciudadanos son quienes pagan la estancia de quienes han transgredido la ley y el orden social, lo cual representa un alto costo para el Estado y los contribuyentes.
Por ello, se debe aprovechar la mano de obra “ociosa que prevalece en todos los centros de reclusión como una retribución de parte de los internos por haber violentado la ley, la paz y tranquilidad de los ciudadanos”.
Refiere que en la actualidad el sistema penitenciario mexicano establece un modelo de reinserción social en la Constitución Política, el cual señala cinco ejes: el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Con estas actividades se busca que el sentenciado no vuelva a delinquir y se reinserte a la sociedad.
Detalla que el gasto diario por persona en penales estatales y tradicionales oscila entre 200 y 600 pesos diarios por interno; es decir, entre seis mil a 18 mil pesos al mes, según la capacidad y el presupuesto de cada entidad federativa. El costo se dispara en penales federales o de máxima seguridad privados, pudiendo rebasar 3 mil hasta 6 mil pesos diarios por persona debido a los contratos de asociación público-privada y al mayor despliegue de seguridad.
Apunta que el presupuesto para los reclusorios en México en 2026 muestra un enfoque centralizado en el gasto federal y ajustes mixtos en los estados. A escala federal, absorbe gran parte de la seguridad, mientras que las entidades manejan cifras diversas.
Ejemplifica que en el ámbito federal el gasto asignado al sistema penitenciario federal es de 26 mil 789.8 millones de pesos a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que representa 45 por ciento de su gasto total para el año. Estos recursos se utilizan principalmente para la nómina, alimentación, vigilancia, mantenimiento y operación diaria de los centros federales de readaptación social.
El legislador considera necesario actualizar el sistema jurídico para establecer el trabajo obligatorio de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y que este sea en favor de la comunidad o del Estado, y así aprovechar su mano de obra.
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