El Gobierno de Países Bajos prepara una reducción de su administración pública que contempla eliminar alrededor de 25 mil puestos de trabajo de tiempo completo para 2035. El plan incluye recortes diferenciados entre departamentos y organismos, con reducciones que podrían alcanzar hasta el 60 % en un caso específico.
La iniciativa forma parte de una estrategia para reducir el gasto, simplificar los procedimientos burocráticos y mejorar la productividad del Estado. De acuerdo con los planes presentados el 26 de octubre de 2026, el objetivo es avanzar hacia una administración más pequeña, eficiente y digitalizada.
La medida no implica que todos los organismos vayan a reducir su plantilla en la misma proporción. Mientras que muchas dependencias afrontarían recortes cercanos al 20 %, otras podrían experimentar ajustes más profundos.
El Gobierno neerlandés busca ahorrar miles de millones de euros
La reducción de personal forma parte de un programa de ahorro presupuestario que contempla aproximadamente 900 millones de euros en 2027 y hasta 3 mil 500 millones de euros anuales a partir de 2035.
El plan busca disminuir los costos de funcionamiento de la administración central, revisar estructuras organizativas y eliminar procedimientos considerados innecesarios.
Las autoridades también pretenden reducir las capas de supervisión y asesoramiento, simplificar las reglas que afectan a ciudadanos y empresas y aprovechar mejor los recursos disponibles.
El objetivo es evitar que la burocracia siga creciendo sin que eso se traduzca en una mejora equivalente de los servicios públicos.
Algunos departamentos podrían perder hasta 60% de sus puestos
El ajuste no se distribuirá de manera uniforme. Las estimaciones contemplan reducciones de alrededor del 20 % en numerosas organizaciones, mientras que determinadas áreas podrían afrontar recortes de hasta el 45 %.
En un caso específico, la reducción podría alcanzar el 60 % de los puestos, una de las cifras más elevadas del plan.
Las diferencias responden, entre otros factores, a la distribución de las funciones administrativas, los presupuestos temporales y las decisiones sobre qué actividades deben mantenerse, reducirse o reorganizarse.
El plan contempla excepciones para determinados organismos, incluidos los vinculados con la policía y la defensa. Al quedar algunas estructuras fuera de los principales recortes, una mayor parte del ajuste recaería sobre otras dependencias.
Por ello, el porcentaje máximo anunciado no representa una reducción generalizada del 60 % para todos los empleados públicos del país.
Inteligencia artificial y digitalización, parte de la estrategia
El Gobierno neerlandés también contempla utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar la productividad y simplificar procesos administrativos.
Sin embargo, la estrategia no depende exclusivamente de la tecnología. Las autoridades plantean que una parte importante del ahorro deberá proceder de decisiones sobre las funciones del Estado, incluida la eliminación de tareas, la simplificación de procedimientos y la reorganización de servicios.
El Ejecutivo prevé presentar durante el primer trimestre de 2027 objetivos y planes específicos sobre el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia gubernamental.
La intención es que la modernización tecnológica acompañe los cambios organizativos, en lugar de limitarse a automatizar los procedimientos existentes.
El Gobierno advierte sobre posibles efectos en los servicios públicos
La reducción de personal también plantea interrogantes sobre la capacidad de las dependencias para mantener sus servicios. Los documentos del plan reconocen que los recortes podrían afectar la continuidad de determinadas tareas y la atención a la ciudadanía.
Entre las áreas que deberán adaptarse se encuentran organismos responsables de ejecutar políticas públicas, gestionar trámites y prestar servicios administrativos.
El Gobierno busca evitar que los ajustes se traduzcan únicamente en una reducción de personal sobre el papel, sin cambios reales en la forma de trabajar. Para ello, plantea decisiones estratégicas sobre las funciones que deben realizar las instituciones y los recursos que necesitan.
Los próximos pasos incluyen la definición de objetivos por organismo y la presentación de medidas concretas para distribuir los recortes. La magnitud del impacto dependerá de las decisiones que se adopten y de cómo se apliquen durante los próximos años.
Fuente: elEconomista
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