El representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, informó que el país no acompañó la resolución aprobada el 2 de octubre de 2026 sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
La posición mexicana se centró particularmente en las referencias que vinculan la situación nicaragüense con posibles riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica.
México sostuvo que no considera que la situación interna de Nicaragua constituya una amenaza de ese tipo y señaló que convertir un asunto político y de derechos humanos en uno de seguridad podría abrir la puerta a acciones que excedan las facultades de la organización.
Encinas también expresó el rechazo de México a cualquier intento de intervención extranjera en Nicaragua y planteó que la vía debe centrarse en el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía de los Estados.
La postura quedó asentada mediante una nota al pie dentro de la resolución, con fundamento en los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 constitucional, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
¿Qué pide la resolución aprobada por la OEA?
El documento aprobado por la OEA solicita a las autoridades nicaragüenses adoptar medidas para restablecer el orden democrático, liberar incondicionalmente a los presos políticos y establecer condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
Entre las medidas planteadas también se encuentra divulgar el paradero de personas desaparecidas, restaurar la nacionalidad y derechos civiles de quienes fueron despojados de ellos y permitir su regreso seguro y voluntario.
La resolución pide además recuperar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones civiles, universidades y otras instituciones puedan reanudar sus actividades.
En materia electoral, el documento plantea restablecer los derechos políticos, contar con una administración electoral independiente y permitir una observación internacional considerada creíble.
Para dar seguimiento a estas medidas, la OEA acordó establecer un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá iniciar sus trabajos dentro de los siguientes 30 días y presentar recomendaciones en un plazo máximo de 60 días.
La resolución contempla que esas posibles acciones sean de carácter diplomático y jurídico y no impliquen el uso de la fuerza.
México, por su parte, manifestó que está dispuesto a participar en esfuerzos de diálogo que contribuyan a la protección de los derechos humanos en Nicaragua, pero bajo los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias.
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