Estados Unidos amplió el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al recurrir a una ley federal de 1994 que castiga la tortura cometida en el extranjero. La medida incorpora presuntos abusos contra opositores políticos al caso que ambos ya enfrentaban por acusaciones relacionadas con narcotráfico.
De acuerdo con una revisión de registros judiciales, Maduro y Flores son la séptima y octava personas identificadas como acusadas bajo esta legislación. El caso destaca porque, según especialistas citados por la agencia, sería la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar actos de tortura dentro de su propio país.
Ambos se declararon no culpables de los nuevos cargos durante una comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York. El juicio está previsto para junio de 2027, por lo que las acusaciones deberán examinarse durante el proceso judicial antes de que exista una resolución sobre su responsabilidad penal.
La legislación estadounidense penaliza determinados actos de tortura cometidos fuera de Estados Unidos. La norma define la tortura como la acción deliberada destinada a causar sufrimiento físico o mental severo a una persona bajo custodia, y permite procesar ciertos casos cuando el acusado es ciudadano estadounidense o se encuentra físicamente en territorio estadounidense.
Cuatro personas habían sido condenadas bajo esta ley antes del caso contra Maduro y Flores. Entre ellas figuran responsables de abusos en Liberia, Gambia y Siria, así como un ciudadano estadounidense relacionado con una fábrica ilegal de armas en Irak. Las condenas anteriores contemplaron penas de prisión de entre 60 y 97 años.
La acusación contra la pareja venezolana no sostiene que ambos ejecutaran personalmente todos los actos descritos. Los fiscales los señalan por presuntamente conspirar para ordenar o facilitar torturas contra opositores políticos y otras personas detenidas. La defensa rechaza las imputaciones y ha cuestionado la jurisdicción del tribunal estadounidense.
Las acusaciones podrían cambiar el rumbo del juicio
Especialistas legales consideran que los nuevos cargos permiten a la Fiscalía presentar una narrativa más amplia sobre la presunta represión política durante el gobierno de Maduro. La acusación describe supuestos abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidos golpes, amenazas y el uso de sustancias irritantes durante interrogatorios. Estas versiones forman parte de los señalamientos de los fiscales y deberán ser examinadas judicialmente.
La Fiscalía también prevé recurrir a testigos cooperantes para intentar vincular a los acusados con la presunta conspiración. Tres de las supuestas víctimas mencionadas en la acusación serían ciudadanos estadounidenses, un elemento que podría adquirir relevancia durante el juicio.
Sin embargo, la aplicación de esta ley no garantiza una condena. En procesos anteriores hubo acusados absueltos, lo que evidencia que los fiscales deberán demostrar los hechos y la participación que atribuyen a Maduro y Flores ante el tribunal.
El proceso representa una nueva etapa en el caso judicial contra ambos y podría convertirse en una referencia para futuras investigaciones sobre presuntos actos de tortura cometidos fuera de Estados Unidos.
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