La mandataria señaló que las medidas de Washington son incompatibles con la postura japonesa de apoyo al tribunal, con sede en La Haya, y destacó el papel de la institución en la defensa de la justicia internacional.
La declaración se produjo después de que el Gobierno del presidente Donald Trump anunciara sanciones contra la propia CPI, en una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos y el organismo judicial. La corte está presidida por la magistrada japonesa Tomoko Akane.
Japón y otros países cuestionan las sanciones de Washington
Takaichi afirmó que Japón continuará colaborando con Estados Unidos, pero también brindará el apoyo necesario para que la Corte Penal Internacional pueda cumplir sus funciones. Además, anunció que mantendrá el diálogo con Akane y con otros gobiernos.
En paralelo, los ministros de Exteriores de Japón, Alemania, Francia y otros cinco países emitieron una declaración conjunta para expresar su rechazo a las sanciones estadounidenses.
Las nuevas medidas se suman a las restricciones que Washington había impuesto previamente contra jueces y fiscales vinculados con la institución. El Gobierno estadounidense sostiene que la CPI ha excedido sus atribuciones al investigar asuntos relacionados con ciudadanos de Estados Unidos y de países aliados.
¿Qué implican las sanciones contra la Corte Penal Internacional?
Las medidas anunciadas por la Administración estadounidense contemplan el bloqueo de bienes e intereses de la CPI que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
La tensión se relaciona con las investigaciones y actuaciones de la Corte, incluidas las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, y rechaza la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos en las circunstancias cuestionadas por Washington. La Corte, por su parte, sostiene que debe continuar su labor de manera independiente e imparcial.
El caso ha generado reacciones de distintos gobiernos y organismos internacionales, que han advertido sobre las consecuencias de las sanciones para la cooperación judicial y el funcionamiento del sistema internacional de justicia. Japón reiteró su respaldo a la institución y aseguró que mantendrá sus esfuerzos diplomáticos para que pueda continuar trabajando.
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