El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un decreto de seguridad que endurece las medidas contra menores involucrados en actos violentos, saqueos y daños a la propiedad, tras los disturbios registrados durante el fin de semana en varias ciudades italianas, especialmente en Milán.
El paquete incluye nuevas sanciones por participar violentamente en manifestaciones, medidas de detención preventiva para jóvenes bajo determinadas condiciones y la posibilidad de exigir a los padres el pago de los daños ocasionados por sus hijos.
Entre las principales disposiciones se encuentra la creación del delito de participación violenta en una manifestación. Quienes formen parte de grupos de cinco o más personas y pongan en peligro la seguridad pública mediante actos violentos podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros.
Las sanciones pueden aumentar si los involucrados ocultan su rostro o provocan lesiones. El decreto también contempla que las autoridades puedan retener preventivamente a menores de entre 14 y 17 años durante un máximo de 12 horas cuando existan elementos que indiquen que representan un peligro para la seguridad pública.
Padres podrían pagar los daños ocasionados por sus hijos
Otra de las medidas establece la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores de edad. La disposición busca que los responsables de actos vandálicos respondan por los perjuicios ocasionados a bienes públicos y privados.
El Gobierno también anunció el fortalecimiento de los recursos destinados a la justicia juvenil y la ampliación de la capacidad de los centros de detención. Además, se contempla el despliegue de 500 militares adicionales en Milán para apoyar las labores de seguridad hasta finales de 2026.
Las medidas fueron aprobadas tras los disturbios en los que se registraron saqueos, daños a comercios y enfrentamientos con la policía. El decreto entra en vigor de inmediato, aunque deberá ser convertido en ley por el Parlamento italiano dentro del plazo constitucional de 60 días.
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