Ciudad de México (21 de octubre de 2026).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga una presunta red de empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales por posibles operaciones irregulares, entre ellas la simulación de competencia en licitaciones, la triangulación de recursos y el uso de empresas factureras.
De acuerdo con información difundida por Agencia Reforma, las indagatorias involucran a siete compañías que obtuvieron contratos relacionados con servicios electorales, así como a empresarios y exfuncionarios vinculados con la contratación de proveedores.
Como parte de las acciones financieras relacionadas con el caso, se reportó el bloqueo de 70 cuentas bancarias. Sin embargo, las autoridades no habían informado públicamente cuáles son todas las personas físicas y morales sujetas a estas medidas.
La investigación busca determinar si las operaciones realizadas por las empresas correspondieron a servicios efectivamente prestados o si existieron mecanismos para simular competencia entre proveedores y movilizar recursos mediante operaciones presuntamente irregulares.
El caso también contempla operaciones vinculadas con compañías que habrían sido objeto de sanciones en Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada sobre las indagatorias.
La existencia de una investigación no significa que las empresas o las personas señaladas hayan sido declaradas responsables de algún delito. Las posibles irregularidades deberán acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
El asunto coloca bajo revisión las contrataciones relacionadas con instituciones electorales, particularmente los mecanismos utilizados para seleccionar proveedores, asignar contratos y verificar el destino de los recursos públicos.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer el monto total de las operaciones investigadas ni determinar si hubo afectaciones económicas definitivas al erario.
La UIF deberá continuar con el análisis de los movimientos financieros y de las relaciones comerciales detectadas para establecer si existen elementos que ameriten otras acciones legales.
El desarrollo de las investigaciones permitirá conocer el alcance de las operaciones bajo revisión y las posibles responsabilidades que, en su caso, determinen las autoridades competentes.
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