Ciudad de México (1 de octubre de 2026).- Luego de que expertos de la Organización de las Naciones Unidas denunciaran violencia letal y desapariciones contra madres buscadoras en México, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron un comunicado. Ambas dependencias negaron la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra estas activistas.
El Gobierno reconoció desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Señaló que en los últimos años se han instrumentado reformas y políticas públicas para atender el problema. Entre las acciones destacadas mencionó la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura de carpetas de investigación desde el primer reporte y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
También se refirió a la Plataforma Única de Identidad y a una mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda. Las dependencias afirmaron que cada caso se atiende con la debida diligencia y que la información disponible no acredita un patrón sistemático contra las personas buscadoras.
El comunicado de la ONU advirtió sobre el aumento de crímenes en contra de las rastreadoras. El Gobierno reiteró su compromiso con las madres buscadoras y sus familias. Subrayó que la atención a la desaparición de personas es una prioridad nacional. No se presentaron cifras nuevas sobre el número de activistas afectadas ni sobre avances específicos en investigaciones particulares.
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