Costa Rica inauguró una nueva prisión de máxima seguridad destinada a reclusos considerados de alta peligrosidad, en una apuesta del Gobierno por reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El centro penitenciario está inspirado en el modelo aplicado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele y busca convertirse en una pieza central de la estrategia de seguridad costarricense.
La presidenta Laura Fernández encabezó la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) el miércoles 14 de octubre de 2026. El complejo tuvo una inversión aproximada de 35 millones de dólares y cuenta con capacidad para albergar hasta 5 mil 100 internos. Está ubicado junto al centro penitenciario La Reforma, en la provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José, la capital del país.
La apertura ocurre en un contexto de preocupación por el aumento de la violencia. Costa Rica, reconocida durante décadas por su estabilidad regional, ha registrado cifras elevadas de homicidios vinculados principalmente a disputas entre organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas.
El Gobierno presenta el nuevo penal como una herramienta para aislar a los integrantes más peligrosos de estas redes y reforzar el control del Estado dentro de las cárceles. La obra también representa un giro hacia una política penitenciaria más estricta, inspirada en parte en las medidas de seguridad que han marcado la administración salvadoreña.
La prisión busca aislar a los delincuentes más peligrosos
El CACCO está integrado por cinco módulos y su capacidad permitirá alojar a una parte importante de la población penitenciaria costarricense. Sin embargo, su entrada en funcionamiento será gradual: los primeros traslados de reclusos están previstos para finales de octubre, mientras que el llenado completo de las instalaciones se contempla para finales de diciembre de 2026.
El proyecto toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en El Salvador para recluir a integrantes de pandillas y otros presos considerados de alta peligrosidad. En el caso costarricense, las autoridades buscan concentrar en el nuevo penal a personas vinculadas con organizaciones criminales y reforzar la vigilancia dentro del sistema penitenciario.
La presidenta Laura Fernández defendió la iniciativa como un cambio en la política de seguridad del país. También anunció una visita a El Salvador para conocer de cerca el funcionamiento del modelo penitenciario impulsado por Bukele.
No obstante, la construcción de la prisión no está exenta de cuestionamientos. Especialistas y sectores críticos han advertido que una cárcel de alta seguridad, por sí sola, no resuelve las causas del crimen organizado ni sustituye las investigaciones policiales, la persecución judicial y los programas de rehabilitación.
Hacinamiento y derechos humanos, entre los desafíos pendientes
Uno de los principales retos de Costa Rica es la sobrepoblación de sus cárceles. Según cifras difundidas por el medio costarricense CR Hoy, el sistema penitenciario tenía 21 mil 173 adultos privados de libertad frente a una capacidad aproximada de 13 mil 289 espacios, con datos correspondientes a febrero de 2026. La apertura del CACCO ampliará la capacidad, pero no eliminará por completo el problema.
También existe preocupación por las condiciones en que permanecerán los internos y por la necesidad de establecer criterios claros para decidir quiénes serán trasladados. La Defensoría de los Habitantes ha señalado la importancia de contar con suficiente personal penitenciario y evitar que la apertura del nuevo centro debilite la seguridad de otras cárceles.
El debate enfrenta dos prioridades: la exigencia de responder a la violencia y al narcotráfico, y la obligación de garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El funcionamiento del CACCO y sus resultados serán determinantes para evaluar si la nueva infraestructura contribuye a reducir la criminalidad y mejorar el control penitenciario.
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