La Universidad de Cornell enfrenta una nueva ola de críticas después de que una exestudiante denunciara que fue víctima de una agresión sexual en una casa de la fraternidad Chi Phi en 2024.
La joven, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En una demanda civil presentada en septiembre de 2026, sostiene que fue agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad después de consumir alcohol y drogas.
La denuncia señala que la joven se encontraba incapacitada y que varios hombres participaron en los hechos. Los acusados han negado las acusaciones o han sostenido que los encuentros fueron consensuados, según documentos y reportes citados por medios estadounidenses.
El caso adquirió nuevamente relevancia después de que la demanda civil sacara a la luz documentos y detalles de la investigación realizada por la universidad y las autoridades.
La fiscalía del condado de Tompkins había decidido inicialmente no presentar cargos en 2024, argumentando que la información que recibió no contenía elementos suficientes para iniciar un proceso penal. Sin embargo, tras la nueva demanda, la investigación fue reabierta.
Nueva investigación genera protestas y reclamos
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó públicamente la manera en que se manejó la investigación inicial y anunció que la fiscal general estatal, Letitia James, asumirá la supervisión del caso como fiscal especial.
La controversia aumentó después de conocerse que una entrevista policial de la denunciante contenía una acusación explícita de violación que no apareció en la declaración escrita de seis páginas que recibió originalmente la fiscalía.
La Universidad de Cornell también enfrenta cuestionamientos de estudiantes y profesores. El campus realizó una audiencia pública sobre agresiones sexuales y estudiantes exigieron mayor transparencia sobre las investigaciones y las medidas disciplinarias aplicadas.
Cornell sostiene que realizó una investigación interna y que hubo suspensiones y expulsiones, además de que la fraternidad Chi Phi fue apartada del campus. La institución afirma que las leyes de privacidad le impiden revelar públicamente todos los detalles de las sanciones individuales.
Mientras continúa la investigación, organizaciones estudiantiles preparan nuevas movilizaciones y el caso ha generado una campaña de apoyo a la denunciante, quien ha enfrentado intentos en redes sociales para revelar su identidad.
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