El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó una ofensiva contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que acusó de narcoterrorismo.
El anuncio se realizó el lunes 19 de octubre, al término de una reunión de seguridad en el departamento de Arauca, ubicado al este del país y fronterizo con Venezuela. El mandatario afirmó que las operaciones buscarán debilitar a los líderes de estas organizaciones armadas y sus fuentes de financiamiento.
Durante su intervención, De la Espriella exigió al ELN la liberación inmediata de cinco funcionarios que permanecen secuestrados. Entre ellos se encuentran dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana, retenidos desde mayo de 2025.
El presidente también instruyó a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), especializados en combatir el secuestro y la extorsión, para intensificar las operaciones destinadas a conseguir su liberación.
De la Espriella sostuvo que su Gobierno no negociará con los grupos que calificó de narcoterroristas y advirtió que deberán entregar a los secuestrados o enfrentar las consecuencias legales.
Arauca, escenario de disputa entre grupos armados
Arauca es una de las regiones colombianas afectadas por la violencia y la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC. Su ubicación fronteriza la convierte en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico.
Los enfrentamientos entre estas organizaciones han provocado muertes y desplazamientos de población. De acuerdo con la información difundida por EFE, una escalada de violencia registrada en 2022 dejó más de 130 personas asesinadas y miles de desplazados.
La ofensiva anunciada por el Gobierno colombiano busca aumentar la presión sobre las estructuras armadas ilegales, sus dirigentes y sus mecanismos de financiamiento.
El alcance de la ofensiva dependerá de los resultados de las operaciones militares y de seguridad, así como de la evolución de la situación en las zonas afectadas.
Mientras tanto, la población de Arauca continúa expuesta a los riesgos derivados de la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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