Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, desarrollado en aguas al norte de las Islas Malvinas.
La solicitud, presentada el 13 de octubre de 2026, busca proteger los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental mientras avanza el procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido. El Tribunal todavía debe decidir si concede las medidas solicitadas.
El Gobierno argentino recurrió al Tribunal después de que venciera el plazo de dos semanas que había otorgado al Reino Unido para detener las actividades relacionadas con Sea Lion. Buenos Aires sostiene que las autorizaciones británicas para explotar hidrocarburos en la zona son ilegales y afectan sus derechos soberanos.
El proyecto está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las empresas mantienen sus planes de avanzar con la iniciativa, cuya producción se proyecta para 2028.
La petición pretende impedir que las actividades petroleras continúen mientras se analiza la controversia. Argentina también argumenta que la extracción de un recurso no renovable podría generar consecuencias difíciles de revertir antes de que exista una resolución definitiva.
El Tribunal evaluará la solicitud y sus alcances
La presentación se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyo artículo 290 permite solicitar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino.
El organismo, con sede en Hamburgo, Alemania, deberá determinar si existen razones jurídicas y urgencia suficientes para intervenir mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar el conflicto de fondo.
Por su parte, el Reino Unido defiende la legalidad de las actividades petroleras autorizadas en las islas y sostiene que la presentación argentina no anula las licencias existentes ni obliga a suspender las operaciones.
La solicitud abre una nueva etapa en la disputa diplomática y jurídica entre ambos países. La decisión sobre las medidas provisionales no resolverá por sí misma la soberanía de las Islas Malvinas, sino que determinará si corresponde adoptar restricciones temporales mientras continúa el procedimiento internacional.
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