Ciudad de México (3 de septiembre de 2026).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras de combustible. Según el organismo, estas compañías participaban en operaciones de huachicol, es decir, la venta ilegal de hidrocarburos.
La medida forma parte de las acciones de control fiscal que el SAT ha reforzado en los últimos meses. Las empresas afectadas perdieron de manera definitiva la autorización para generar comprobantes fiscales digitales, lo que les impide continuar operando de forma legal en el mercado de combustibles.
De acuerdo con la información difundida por la autoridad tributaria, las compañías estaban ligadas a la distribución de diésel y gasolina de procedencia ilícita. La cancelación de facturación se aplicó después de revisiones que identificaron irregularidades en sus operaciones comerciales y fiscales.
El anuncio se dio a conocer en la Ciudad de México la tarde del 2 de septiembre de 2026. El SAT no detalló en el comunicado inicial los montos exactos de las operaciones detectadas ni el número de entidades federativas involucradas, pero sí señaló que se trata de un número significativo de comercializadoras.
Esta acción se suma a otras medidas implementadas por las autoridades fiscales y aduaneras para combatir el contrabando de hidrocarburos. La cancelación de la emisión de facturas representa un golpe directo a la cadena de distribución de combustible ilegal, ya que sin comprobantes fiscales las empresas no pueden justificar sus ventas ante clientes formales.
El organismo tributario indicó que continuará con las revisiones a otras compañías del sector. Por el momento, las 2 mil 205 empresas ya no pueden facturar y deberán enfrentar las consecuencias administrativas y legales correspondientes.
Las autoridades no han revelado si existen procesos penales abiertos contra los responsables de estas comercializadoras. La información disponible se limita a la cancelación administrativa de la facturación.
Esta decisión del SAT forma parte de la estrategia federal para reducir el huachicol y recuperar ingresos fiscales que se pierden por la comercialización ilegal de combustibles.
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