Ciudad de México (14 de septiembre de 2026).- El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas legislativas orientadas a reforzar el combate al huachicol y a la evasión fiscal. Las propuestas forman parte del paquete anticorrupción que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planea presentar esta semana, el cual contempla modificaciones a 19 leyes y la creación de dos nuevas normativas.
La primera iniciativa reforma el Código Fiscal de la Federación y leyes relacionadas con hidrocarburos. Busca obligar a las autoridades hacendarias y de energía a notificarse mutuamente, en un máximo de 24 horas, sobre posibles irregularidades en los volúmenes de combustible que las gasolineras compran y venden. Aunque la discrepancia volumétrica ya está contemplada en la legislación, el diputado señaló que las sanciones actuales se centran más en la venta al consumidor que en la falta de concordancia entre lo adquirido y lo comercializado.
Por ello, propone adicionar dos tipos penales nuevos. El primero sanciona al distribuidor que presente discrepancia volumétrica no justificada, con penas de 6 a 12 años de prisión y multas de 10 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización. El segundo castiga la venta de hidrocarburos en vía pública, carreteras o lugares no autorizados, conocida como huachicol de barril, con 6 a 10 años de cárcel y multas de 6 mil a 10 mil UMA. Las penas aumentan si se utilizan vehículos o si la venta ocurre cerca de instalaciones de Pemex. También establece un plazo de 48 horas para que un juez resuelva aseguramientos de bienes y para iniciar querellas ante discrepancias confirmadas.
La segunda iniciativa adopta un enfoque preventivo contra las empresas factureras. Plantea que la autoridad tributaria restrinja temporalmente la emisión de certificados fiscales a compañías que, en los últimos tres ejercicios, hayan emitido facturas por montos superiores a su capacidad económica o incumplido obligaciones como el pago del IVA. Refuerza la verificación de la capacidad real de los proveedores del gobierno y establece responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen operaciones respaldadas por comprobantes falsos.
Además, fortalece las obligaciones de transparencia de sindicatos, estados, municipios y otros entes públicos respecto a sus ingresos y gastos. Ramírez Cuéllar enfatizó que las reformas buscan identificar riesgos desde la constitución de las sociedades y evitar que el daño al erario se concrete.
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