Una jueza federal de Manhattan anuló una política del Gobierno de Donald Trump que suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida excedía las facultades legales del Departamento de Estado.
La medida había entrado en vigor en enero
La política fue implementada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a partir del 21 de enero de 2026. El Departamento de Estado había ordenado pausar la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de los países incluidos en la medida.
La administración Trump justificó la suspensión con el argumento de que algunos solicitantes podían convertirse en una carga pública para Estados Unidos, es decir, depender de determinados programas de asistencia gubernamental.
La decisión afectaba a personas que buscaban establecerse permanentemente en Estados Unidos, incluyendo solicitudes relacionadas con reunificación familiar y otros procesos migratorios.
Sin embargo, la jueza federal Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la política era ilegal y que el secretario de Estado había sobrepasado la autoridad que le concede la legislación migratoria estadounidense.
Jueza cuestiona que las visas fueran suspendidas por nacionalidad
En su resolución, Vargas señaló que las decisiones sobre la elegibilidad de una persona para obtener una visa deben realizarse mediante evaluaciones individuales, y no mediante una suspensión general basada únicamente en la nacionalidad del solicitante.
El fallo representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias impulsadas por Trump y permite que los procesos afectados vuelvan a ser evaluados conforme a las reglas migratorias correspondientes.
La medida había alcanzado a países de América Latina, el Caribe, África, Asia y Medio Oriente. Entre los países afectados se encontraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Irán, Irak, Rusia, Somalia y Yemen, entre otros.
Es importante señalar que la suspensión estaba dirigida a visas de inmigrante, destinadas a personas que buscan vivir permanentemente en Estados Unidos. No se trataba de una prohibición general para visas de turismo, estudiantes o trabajadores temporales.
La resolución podría beneficiar a miles de solicitantes
La demanda que llevó el caso ante los tribunales fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses cuyos familiares enfrentaban obstáculos para obtener sus visas.
Organizaciones como el National Immigration Law Center consideraron el fallo una victoria para las familias afectadas y para el principio de que las solicitudes migratorias deben analizarse de manera individual.
Por ahora, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no han emitido una respuesta pública sobre la resolución, aunque el Gobierno de Trump podría apelar el fallo.
La decisión vuelve a colocar a los tribunales federales en el centro de la disputa sobre el alcance de las medidas migratorias de la administración Trump y podría tener consecuencias para miles de personas que esperaban avanzar con sus procesos de residencia en Estados Unidos.
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