Tal y como se predijo en la columna del 22 de abril (bis). El grupo de expertos interdisciplinarios encargados de analizar la viabilidad de la extracción de gas natural de la Cuenca de Burgos determinó que sí es posible la extracción del recurso natural, mediante la técnica de fracking. Dicho grupo tenía la función de legitimar la decisión, la cual ya había sido tomada previamente, ante la opinión pública. El fracking consiste en realizar una fractura hidráulica del subsuelo mediante el uso de agua y químicos inyectados a muy altas presiones. El argumento que justifica la acción y que no resiste el mínimo análisis es el de la soberanía energética nacional.
Argumento expresado en términos muy positivos; después de todo, ¿qué país no quisiera depender energéticamente más de que de sí mismo? Sin embargo, la realidad es otra. No es ningún secreto que PEMEX no cuenta con los recursos técnicos para realizar el fracking; por lo anterior, tendría que acudir a compañías extranjeras, las cuales obtendrían un beneficio económico. Por lo tanto, el argumento nacionalista se viene abajo. Para realizar la extracción, PEMEX cuenta con 3 tipos de contratos. El mixto: donde el privado aporta tecnología o inversión en forma de capital. Este tipo de contrato es muy conveniente para PEMEX, ya que no arriesga recursos propios y mantiene el control legal sobre los yacimientos (bis).
Los contratos integrales de exploración y producción (CIEP). En donde el privado ejecuta todas las tareas y están obligados a cumplir con ciertas cláusulas de desarrollo social y sustentable (bis).
Tercero: Contrato de obras y servicios específicos. Acuerdos entre privados y PEMEX: el privado asume los riesgos iniciales, perforaciones de pozos. Pero puede obtener hasta un 40% del valor de los ingresos del pozo (bis).
Si PEMEX establece cualquier otro tipo de contrato que no sea el mixto, se volverá al extractivismo que limitó por mucho tiempo el desarrollo económico del país, eso sí, disfrazado como una alianza. Que, en el mejor escenario, para el país, puede quedar un 40% para el privado y un 60% para PEMEX. Por otro lado, las compañías privadas evitarían invertir en contratos (mixtos) donde pasan a ser contratistas subordinados y no dueños de una parte de la producción. Las malas decisiones de los gobiernos panistas y priistas dejaron a PEMEX en una posición muy endeble, con muy poco margen de maniobra. La solución puede venir en dos sentidos: por un lado, se hace un proceso de reingeniería y se salva a PEMEX sin importar el costo; o, por el otro lado, se renuncia a la paraestatal y a un símbolo de nacionalismo profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Mi pronóstico: la falta de determinación política para implementar un proceso de reingeniería de PEMEX va a desembocar en un proceso de administración de la quiebra de la paraestatal, la cual van a tratar de alargar el mayor tiempo posible.
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