Hoy en día, escuchamos hablar del titánico esfuerzo del poder ejecutivo por reducir los homicidios dolosos en todo el país.
El detalle, es que en México y en Tamaulipas, hay más defunciones por accidente que por asesinato.
A nivel nacional, entre enero y junio del 2026, se registraron 7,842 homicidios dolosos y 8,096 por homicidios culposos.
En Tamaulipas, es todavía más alarmante, ya que, en el mismo periodo, los homicidios dolosos fueron 92, mientras que los culposos llegaron hasta 332.
Al respecto, no escuchamos algún esfuerzo fuera de lo normal para reducirlos, y jamás deberíamos acostumbrarnos a que las personas mueran por un descuido. Normalizarlo sería algo parecido a una comisión por omisión.
Atender los homicidios dolosos amerita el esfuerzo interdisciplinario bastante grande que se está haciendo, sin embargo, dejar de perder vidas por negligencia es más sencillo, y el primer paso es legislar en Tamaulipas, lo que en otros lados ya se hizo: establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Es decir, legislar un catálogo de delitos que pueden cometer las empresas. No se ocupan ni abrazos ni balazos, solamente voluntad.
En Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz y Yucatán ya es una realidad, ¿por qué en Tamaulipas no?
Ahora, ¿qué tienen que ver las empresas con las muertes accidentales? Más de lo que parece. Detrás de buena parte de este tipo de homicidios culposos no hay un descuido individual y aislado, sino una decisión de negocio: el chófer que maneja al doble de las horas permitidas porque el itinerario no da para más, el autobús de pasajeros que sale a carretera con frenos gastados, la estancia infantil sin protocolo de vigilancia, las tuberías de gas sin revisión periódica.
En esos casos la investigación se agota en el trabajador que iba al volante, mientras la gerencia que impuso esas condiciones queda intacta y las repite al día siguiente. Ahí es donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas cambia el incentivo: no se trata de criminalizar a la empresa, sino de obligarla a prevenir aquello de lo que sí puede responder.
Hay muchos ejemplos de cómo se pueden salvar vidas, el punto es entenderlo y actuar en consecuencia conforme a esta nueva realidad, y no pretender solucionar un problema de hoy, con una idea de ayer.
Aquí habría que preguntarnos si tenemos un Congreso interesado en evitar perder vidas, o con ideas viejas.
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