En Tamaulipas, el próximo año vamos a elegir a diputados tanto locales, como federales, y eso implica que, con nuestro voto, los investiremos con fuero constitucional, y si bien no impide investigarlos, será un trámite extraordinario detenerlos y procesarlos.
La situación jurídica del Licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca es muy incierta para la ciudadanía en general, ya que se ha informado que cuenta con una orden de aprehensión vigente, y hasta un procedimiento de extradición en trámite entre México y los Estados Unidos de América, pero tampoco hay detalles sobre una posible suspensión de sus derechos políticos.
Es un terreno muy litigado, y la verdad es que hay muchos argumentos y antecedentes legales a favor y en contra de que una persona prófuga de la justicia mexicana se registre como candidato a un puesto de elección popular, y en su momento, tome protesta.
A nivel nacional está el ejemplo de Julio César Godoy Toscano, que, según versiones periodísticas de la época, tomó protesta en el recinto de San Lázaro después de haber burlado un cerco de la Policía Federal escondido en la cajuela de un vehículo.
En Tamaulipas, de acuerdo al expediente SM-JDC-125/2024 y SM-JDC-128/2024 y acumulados del Tribunal Electoral Federal, tenemos el caso de Carlos Víctor Peña Ortiz, a quien se le libró una orden de aprehensión por un presunto hecho de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del proceso CP/0017/2021 sin habérsele suspendido sus derechos políticos hasta que la Fiscalía estatal lo solicitó mediante oficio FGJTAM/UEIORPI/607/2022, y a la fecha, sigue (y seguirá) su lucha en tribunales.
Por lo anterior, concluimos que ser “prófugo” o contar con una vinculación a proceso no son impedimentos por sí solos para una candidatura, ya que se requiere de una valoración jurídica y detallada de cada caso para privar a una persona de un derecho constitucional.
De hecho, esas no son las únicas causas para ser suspendido de derechos políticos, ya que el artículo 38 de la Carta Magna dispone la suspensión por un año cuando se incumplan obligaciones como votar en las elecciones, consultas populares o revocaciones de mandato. Más de uno deberíamos ser suspendidos en este caso.
Entonces, ¿puede o no en su condición actual? Con la información pública disponible, hoy nada le impediría registrarse —salvo, tal vez, que no haya votado en las elecciones pasadas—, pues mientras no esté privado de su libertad ni exista una suspensión de derechos políticos, conserva el derecho a ser votado y a protestar el cargo, como en los ejemplos que mencionamos.
Por eso, no hay que descartar que, en septiembre, que inicia el proceso electoral, lleguen documentos apostillados a nombre del Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, y de ser así, prepararnos para unas campañas con bastante debate y litigio legal.
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