Ciudad de México (17 de julio de 2026).- En México hay 86 mil personas privadas de la libertad sin recibir sentencia, lo que equivale al 36.3 por ciento de la población penitenciaria nacional, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2025 del Inegi.
La diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. La propuesta obliga a los jueces a enviar copias autorizadas de los expedientes directamente a los centros penitenciarios cuando las soliciten los procesados.
De acuerdo con el Inegi, al cierre de 2025 había 236 mil 773 personas en prisión, de las cuales 150 mil 773 ya contaban con sentencia. La legisladora argumenta que el internamiento genera obstáculos para ejercer el derecho de defensa, por lo que la medida busca eliminar la indefensión y garantizar acceso efectivo a la justicia. La autoridad carcelaria solo actuaría como conducto material, sin intervenir en el contenido de los documentos.
La reforma se basa en la Constitución, tratados internacionales y criterios de la Suprema Corte para fortalecer los derechos de las personas en prisión preventiva.
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