La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) planteó reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución Política con el propósito de establecer que toda persona tiene derecho a una muerte digna y al procedimiento de eutanasia, y facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de Eutanasia.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que, si la legislación contempla el derecho a una vida digna, también debe apelar por el derecho a una muerte digna.
Explica que la eutanasia, por su etimología significa “buena muerte” y se define como “el acto o procedimiento por parte de un médico para producir la muerte de un paciente, sin dolor, y a petición de este, para terminar con su sufrimiento”.
La eutanasia, agrega, debe ser comprendida como parte fundamental de la muerte digna, ya que se puede realizar en compañía de los seres amados y como la expresión máxima de la voluntad de las personas que pretenden fallecer.
Precisa que este proceso de divide en pasiva y activa. La primera evita molestias, dolor o sufrimiento al paciente, no se ejecuta ninguna acción ni se aplica ningún procedimiento o medicamento que termine con la vida del enfermo; mientras que la activa comprende todas las medidas encaminadas a terminar con la vida mediante la aplicación de un procedimiento o medicamento que suprime la función cardiorrespiratoria y encefálica.
Merino Escamilla apunta que si bien es cierto que uno de los pilares que debe proteger el Estado es el derecho a la vida, esto debe analizarse de manera profunda, puesto que “el derecho a la vida contiene en sí el derecho a la muerte”.
Las modificaciones planteadas a la Carta Magna, resalta, deben analizarse desde la dignidad humana, toda vez que es la base de los derechos humanos. “Si todas las personas gozan de los derechos humanos, todas las personas deben de gozar de tener dignidad, tanto en la vida como en la muerte”.
Asegura que de aprobarse esta iniciativa se lograría que todas las personas puedan tener el derecho humano a acceder a una muerte digna, así como al procedimiento de eutanasia con base en el compromiso de este Congreso con la justicia y la protección de los derechos humanos.
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