El diputado José Miguel Alegría Gómez (PT) propuso reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer la protección del patrimonio de las personas adultas mayores mediante el reconocimiento de nuevos derechos relacionados con la asesoría jurídica notarial y la certeza jurídica sobre sus bienes.
Plantea incorporar como sujeto obligado en la aplicación de la ley al gremio notarial y a quienes por disposición legal ejerzan funciones notariales.
Asimismo, establece el derecho de las personas adultas mayores a recibir por parte del gremio notarial y de quienes por disposición legal ejerzan funciones notariales, asesoría jurídica sobre la enajenación de los bienes de su propiedad.
De igual manera, garantizar que este sector reciba orientación sobre el alcance y los efectos jurídicos del otorgamiento de un testamento.
Contempla medidas de inclusión para las personas adultas mayores pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, al asegurarles el acceso a traductores o intérpretes durante los procedimientos relacionados con la transmisión de bienes o el otorgamiento de testamentos.
En la exposición de motivos, Alegría Gómez señala que el envejecimiento de la población mexicana demanda acciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, particularmente en materia patrimonial.
Destaca que este grupo enfrenta con frecuencia condiciones de vulnerabilidad que pueden derivar en abusos, engaños o presiones para disponer de sus bienes en beneficio de familiares o terceros.
Advierte que una de las problemáticas más recurrentes es el despojo patrimonial mediante contratos de compraventa, donación, permuta u otros actos de transmisión de propiedad realizados bajo coacción, abuso de confianza o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de las personas mayores.
Agrega que pueden existir presiones indebidas durante el otorgamiento de testamentos, afectando la libre expresión de su voluntad.
Por ello, considera necesario fortalecer la función preventiva y orientadora del notariado mexicano, a fin de que las personas adultas mayores cuenten con información suficiente sobre las consecuencias jurídicas de los actos que involucren su patrimonio.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sostiene que la asesoría especializada contribuirá a prevenir conflictos familiares, abusos y posibles afectaciones a sus derechos patrimoniales.
Puntualiza que la función notarial constituye un servicio público que brinda certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, por lo que su participación en la protección de los derechos de las personas adultas mayores resulta fundamental para garantizar que las decisiones relacionadas con sus bienes y su sucesión testamentaria se adopten de manera libre, informada y conforme a derecho.
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