La iniciativa, promovida por el partido Chega, recibió el respaldo del Partido Social Demócrata (PSD), CDS-PP e Iniciativa Liberal, mientras que los partidos de izquierda votaron en contra al considerar que la norma vulnera derechos fundamentales.
El texto aprobado prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos, lo que en la práctica restringe el uso del burka y el niqab. La legislación establece multas de hasta 4 mil euros y será enviada al presidente António José Seguro, quien decidirá si la promulga, la veta o la remite al Tribunal Constitucional.
Organizaciones cuestionan la nueva legislación
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han criticado la medida al considerar que puede resultar discriminatoria y afectar la libertad religiosa. Para evitar cuestionamientos constitucionales, el texto final eliminó referencias explícitas a la religión y justificó la prohibición por motivos de seguridad pública.
Con esta decisión, Portugal se suma a otros países europeos que han aprobado restricciones similares sobre el uso de prendas que cubren completamente el rostro en espacios públicos.
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