UNO.- El emplacado obligatorio de motocicletas pudiera ser una herramienta de orden, legalidad y seguridad dado que contar con un padrón confiable permitirá a las autoridades identificar con mayor rapidez los vehículos involucrados en robos, asaltos u otros delitos, cerrando espacios a la impunidad.
Sin embargo, vale la pena resaltar que el beneficio de esta medida va más allá del combate a la delincuencia. En muchas ciudades es evidente el crecimiento desordenado del uso de motocicletas, donde una parte importante de los conductores circula sin placas, sin licencia, sin casco, con luces apagadas o modificadas, y violando de manera constante el reglamento de tránsito. Estas conductas no solo ponen en riesgo la vida de quienes conducen, sino también la de peatones y automovilistas.
Por esto es importante señalar que la regularización debe ir acompañada de una aplicación firme y pareja de la ley. Además del emplacado; también es indispensable reforzar la vigilancia, sancionar a quienes incumplan las normas y promover una verdadera cultura de educación vial. Quien utiliza una motocicleta como herramienta de trabajo o medio de transporte merece condiciones de seguridad, pero también tiene la responsabilidad de respetar las reglas.
Poner orden nunca será una mala decisión cuando el objetivo es proteger a la ciudadanía. Un registro vehicular eficiente, como lo propone la Diputada Katalyna Méndez, por cierto, la mejor ubicada en las encuestas para buscar la presidencia municipal de Victoria abanderada por MORENA, registro combinado con una supervisión efectiva y el cumplimiento del reglamento, puede contribuir tanto a reducir la incidencia delictiva como a disminuir los accidentes ocasionados por la imprudencia. La seguridad y el respeto a la ley deben ser obligaciones compartidas entre autoridades y ciudadanos.
DOS.-El crecimiento de la matrícula en la Universidad Autónoma de Tamaulipas representa una noticia alentadora para el desarrollo educativo del estado dado que superar los 40 mil estudiantes de licenciatura no solo refleja una mayor confianza de los jóvenes en la institución, sino también el compromiso de la universidad por ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
La apertura de nuevas licenciaturas, especialmente en áreas de innovación tecnológica, ingeniería biomédica, medicina y otros campos estratégicos, responde a una realidad que exige profesionistas mejor preparados para enfrentar los retos de un mercado laboral cada vez más competitivo. La educación pública debe evolucionar al ritmo de las nuevas demandas económicas y sociales, y la UAT parece estar dando pasos importantes en esa dirección.
Sin embargo, el crecimiento en el número de estudiantes también implica una gran responsabilidad. No solo basta con incrementar la matrícula; sino que también es indispensable garantizar la calidad académica, fortalecer la infraestructura, ampliar los espacios, laboratorios y servicios, así como asegurar que los egresados cuenten con las competencias necesarias para incorporarse con éxito al mundo laboral, como lo proyecta la UAT.
El proyecto del rector Dámaso Anaya Alvarado para construir una nueva Facultad de Medicina en Ciudad Victoria es otro paso que puede resultar estratégico para Tamaulipas, particularmente ante la necesidad de formar más profesionales de la salud y atender la demanda de servicios médicos en distintas regiones del estado.
No hay que olvidar que la educación es, sin duda, una de las inversiones más importantes para cualquier sociedad. Cada nuevo espacio universitario representa una oportunidad para transformar la vida de un joven y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico, científico y social de Tamaulipas, hay que decirlo.
TRES.- La seguridad siempre debe ser una prioridad cuando se habla de instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos. Nadie puede estar en contra de que los paneles solares se coloquen correctamente y bajo normas técnicas que eviten accidentes o daños al patrimonio de las familias. Sin embargo, cualquier intento de regulación debe encontrar un equilibrio entre la protección de los ciudadanos y la creación de nuevas cargas administrativas.
Lo que menos necesita la población es enfrentar más trámites, permisos o requisitos que terminen encareciendo una tecnología que precisamente busca ayudar a reducir el costo de la energía eléctrica. Si el objetivo es fomentar las energías limpias, el camino debería ser facilitar su adopción, no complicarla con procesos que podrían convertirse en obstáculos para quienes desean invertir en este tipo de sistemas.
Tampoco parece necesario crear nuevas figuras de supervisión o asesoría cuando el mercado ya cuenta con empresas y técnicos especializados que ofrecen este servicio. Quien instala paneles solares asume una responsabilidad profesional y, como ocurre con cualquier trabajo técnico, debe responder por la calidad de su instalación. Si existen negligencias, fallas o daños ocasionados por una mala ejecución, los propietarios tienen el derecho de exigir garantías, solicitar la reparación correspondiente e incluso presentar las denuncias civiles o penales que procedan contra quienes hayan actuado de manera irresponsable.
Más que aumentar la burocracia, lo que corresponde a las autoridades del orden o nivel que sean es hacer cumplir las leyes que ya existen, sancionar a quienes realizan trabajos sin cumplir las normas de seguridad y proteger a los consumidores frente a prestadores de servicios negligentes. La solución no está en multiplicar regulaciones, sino en aplicar correctamente las que ya contempla la legislación fuera de protagonismos, así de fácil.
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