Son un fenómeno social impulsado por el descontento ante injusticias, búsqueda de derechos y necesidad de visibilizar demandas colectivas frente al poder. Son aviso de expresión cuando el canal institucional se percibe insuficiente o cerrado.
Las causas principales son desigualdad e injusticia: Reacción ante diferencias económicas, abusos de autoridad o discriminación social; falta de respuesta institucional: Necesidad de llamar la atención de gobernantes y medios de comunicación sobre problemas no resueltos y la solidaridad e identidad: Conexión emocional entre personas que comparten un mismo dolor, reclamo o visión de cambio.
Entre sus funciones destacan la visibilidad: transformar un problema privado o ignorado en debate público y político; presión al poder: mecanismo de contrapeso ciudadano para frenar o impulsar leyes y reformas; y la participación democrática: ejercer de manera directa la libertad de reunión y de expresión en el espacio público.
En México se consolidaron a principios del siglo XX. Los primeros antecedentes datan del Porfiriato destacando huelgas y movilizaciones de Cananea (1906) y Río Blanco (1907), organizadas por trabajadores que reclamaban derechos laborales básicos. Tras las protestas, el descontento social detonó la Revolución Mexicana en 1910, convirtiéndose en el primer gran movimiento social masivo del país.
Durante las décadas de 1940-50 surgen movilizaciones importantes: ferrocarrileros, maestros y médicos, tomaron las calles para exigir mejores condiciones laborales y libertad sindical.
Adquirieron carácter civil y urbano con el Movimiento Estudiantil de 1968. Decenas de miles de personas marcharon pacíficamente para defender las libertades civiles y la democracia frente al autoritarismo, hito que transformó la participación ciudadana en el espacio público del país.
Aunque la Constitución establece: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, por todo el territorio se viola esta disposición de manera violenta con destrozos y daños a terceras personas y su propiedad, con impunidad absoluta que brinda el Gobierno que obligado a detener el vandalismo en que se convierten muchas manifestaciones en México, no lo hace así.
La razón es la sensación de injusticia, por esto mismo el Gobierno al ser cómplice, no tiene autoridad moral para contener y recurre al sobado diálogo, muestra de su incapacidad institucional de establecer el estado de Derecho y con ello aplicar orden.
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