Si se toma en cuenta que mentir para ganar adeptos es una condición casi natural entre políticos que quieren alcanzar cargos públicos a través de votaciones, resulta interesante la ley aprobada en Gales, mediante la cual se establece que los políticos que mientan a sabiendas durante las campañas podrán ser sancionados o inhabilitados.
Desde luego, es en Gales y queda muy lejos del continente americano. Sin embargo, ello no limita la tendencia de algunos políticos a mentir o exagerar durante las campañas electorales. Esto tiene que ver con una combinación de planteamientos políticos, pocos mecanismos de control y el hecho de que los ciudadanos no pueden verificar toda la información que reciben.
Además, en una carrera contra el tiempo para ganar votos, siempre habrá candidatos que hagan falsos compromisos para obtener beneficios electorales a base de prometer y prometer, acusar a los adversarios con imputaciones sin sustento y decir sí a todo aquello que la población demanda. Al fin y al cabo, no hay riesgos de ser descubiertos o sancionados.
Aquello que más duele al pueblo es la mentira sobre el futuro inmediato luego de ganar las elecciones, dado que, antes de que eso suceda, los puestos en las administraciones municipales, en los congresos de los estados o en las administraciones estatales ya quedaron comprometidos. Pero, a la hora de las designaciones oficiales, resulta que quienes esperaban ser nombrados fueron desplazados por otros que nunca sudaron la camiseta en las campañas.
Incluso, lo que es peor, como sucedió en Jaumave en la pasada campaña por la presidencia municipal que ganó Manuel Báez Martínez, no solo se mintió durante la campaña al garantizar posiciones a muchos que formaron parte de su equipo, sino que los cargos comprometidos quedaron en manos de adversarios políticos.
En México y en todo el mundo, la polarización política, la debilidad institucional, la impunidad o la escasa rendición de cuentas pueden favorecer la mentira política. Es un fenómeno observado en distintas democracias. Por eso es relevante que, en marzo pasado, el Parlamento de Gales aprobara una norma orientada a reforzar la rendición de cuentas y a crear la base legal para sancionar las declaraciones falsas o engañosas realizadas deliberadamente durante los procesos electorales.
La finalidad de esa ley es proteger la integridad democrática e incrementar la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, basada en la ética democrática, una reglamentación como la de Gales envía un mensaje claro en el sentido de que la libertad de expresión política no debe usarse para engañar deliberadamente a los electores.
Aunque existe la advertencia de extremar cuidados en la aplicación de la ley contra los políticos que mienten para ganar votos, ya que los expertos consideran que no queda exenta la posibilidad de que sea utilizada para limitar el debate político legítimo y la libre opinión política.
Si el sentido positivo de la ley galesa se toma en cuenta para las democracias, habría que decir que busca convertir la veracidad y la responsabilidad pública en requisitos exigibles para quienes aspiran a ganar cargos públicos con el respaldo de los votos de la ciudadanía, fortaleciendo así la calidad de la democracia.
Respecto a las sanciones previstas en la ley europea, están la inhabilitación para ejercer cargos públicos si se demuestra que se engañó deliberadamente al electorado; asimismo, la pérdida del cargo si la mentira fue determinante en la elección.
También contempla la revocación del mandato con la intervención de los ciudadanos, multas económicas que dependerán de la gravedad de la conducta y, de alguna manera, la obligación de rectificación pública; es decir, que el político que mintió aclare por los mismos canales por qué lo hizo.
Se agregan como sanciones la responsabilidad penal y la suspensión de derechos políticos, esta última para evitar que vuelvan a ser candidatos.
Los otros
Los derechos de las y los universitarios son, desde el inicio del rectorado del médico Dámaso Anaya Alvarado, razón y motivo de atención específica en cuanto a su valor y defensa, porque permiten dar continuidad a la transversalidad en transparencia, inclusión y perspectiva de género.
Fue por ello que, en la reciente Asamblea Universitaria, fue entregado el nombramiento como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios al doctor José de Jesús Guzmán Morales, quien estará por un periodo adicional de tres años para intervenir en la solución de conflictos internos, vigilar la legalidad de los procesos institucionales y llevar a cabo acciones de capacitación para erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia de género.
Para Anaya Alvarado, la verdadera transformación de la universidad va más allá de la modernización de su infraestructura o de la actualización y acreditación de sus programas académicos, porque debe tener la capacidad de construir entornos armónicos, seguros y libres de violencia.
La Defensoría de los Derechos Universitarios, en su calidad de órgano independiente dentro de la institución, tiene la responsabilidad de velar por las garantías esenciales de estudiantes, docentes y personal administrativo. Es un ente neutral y confidencial, dispuesto a atender con oportunidad a la comunidad universitaria.
Obvio que Guzmán Morales, con la ratificación en el cargo por un periodo adicional de tres años, tiene la obligación de modernizar las actividades de la Defensoría, mantenerse a la vanguardia y ser resolutivo para que la justicia universitaria sea accesible y atienda a todas y todos quienes esperan verse favorecidos por ella.
El nuevo calendario escolar para el ciclo que comenzará en agosto próximo ya contempla su conclusión en los primeros días de julio; es decir, trae una semana menos respecto al ciclo que concluyó hace unos días.
El último día de clases en julio de 2027 será el día nueve, aunque, como siempre sucede, los alumnos estarán ahí aun cuando los programas de trabajo de cada año y nivel escolar hayan terminado una o dos semanas antes.
El punto es que el secretario de Educación del Estado, doctor Miguel Ángel Valdez García, quien, por cierto, no quiere ser candidato ni a alcalde, diputado local, diputado federal, síndico o regidor de Matamoros, su tierra, ni tampoco de Victoria, su ciudad adoptiva, informará sobre el inicio de clases el 31 de agosto de este año y su terminación el 9 de julio del año venidero
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