La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019) por su presunta participación en los bloqueos de carreteras y movilizaciones que paralizaron gran parte de Bolivia durante 53 días.
El exmandatario enfrenta cargos por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos. Las protestas dejaron 22 personas fallecidas, según las autoridades.
Evo Morales denuncia persecución política
Tras conocerse la decisión judicial, Evo Morales rechazó las acusaciones y afirmó que el proceso forma parte de una persecución política impulsada por el Gobierno para desviar la atención de la crisis económica que enfrenta Bolivia.
El exmandatario permanece en la región del Chapare, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores. Esta nueva orden de captura se suma a otra emitida en 2024, relacionada con un proceso por presunto abuso de una menor, que aún permanece pendiente de ejecución.
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