La inhabilitación de 134 exfuncionarios del sexenio cabecista suena fuerte. Es un dato que llama la atención y que, sin duda, refleja que hubo irregularidades detectadas por la autoridad. Pero, siendo francos, esa es apenas la parte visible del problema.
Lo verdaderamente preocupante no es cuántos fueron inhabilitados, sino por qué 85 expedientes por presuntas faltas graves siguen empolvándose en el Tribunal de Justicia Administrativa sin una resolución definitiva.
Ahí está el verdadero cuello de botella.
Porque una inhabilitación administrativa puede impedir que alguien vuelva a ocupar un cargo público por determinado tiempo, pero las faltas graves pueden derivar en sanciones mucho más severas, incluso en responsabilidades resarcitorias o abrir la puerta a consecuencias de mayor alcance.
La pregunta es inevitable: ¿qué está esperando el Tribunal?
Si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya concluyó las investigaciones y turnó los expedientes, ahora la pelota está del lado de los magistrados. La justicia que tarda demasiado deja de ser justicia y termina alimentando la sospecha de que alguien está ganando tiempo.
No basta con presumir estadísticas de sanciones. La ciudadanía quiere saber quiénes cometieron las faltas graves, cuánto daño provocaron al patrimonio público y, sobre todo, cuál será el castigo.
Porque mientras esos 85 expedientes permanezcan congelados, el mensaje es contradictorio. Se habla de combate a la corrupción, pero los casos de mayor peso siguen sin sentencia.
La transparencia también exige resultados. Si hubo abusos durante el pasado gobierno, la sociedad merece conocer el desenlace. Y si no existen elementos para sancionar, también debe decirse con claridad.
Lo peor que puede pasar es que el tiempo haga su trabajo y los expedientes terminen convertidos en archivo muerto.
Los tamaulipecos ya esperaron demasiado.
Ahora le toca responder al Tribunal de Justicia Administrativa. Porque la verdadera prueba del combate a la corrupción no está en las conferencias de prensa ni en el número de inhabilitados.
Está en las sentencias. Y esas, hasta hoy, siguen sin aparecer.
EN OTRO TEMA…, El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó el Segundo Informe Subnacional Voluntario de la Agenda 2030, consolidando a Tamaulipas como una de las siete entidades del país que rinden este ejercicio por segunda ocasión, lo que le valió el reconocimiento de organismos internacionales y del Gobierno Federal por su política de desarrollo sostenible.
Durante la sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030, el mandatario destacó avances como la reducción del 42 % de la pobreza multidimensional, mayor cobertura educativa, conectividad total en escuelas rurales, disminución de la mortalidad
materna, avances en electrificación y reclasificación tarifaria en cinco municipios.
Representantes de la CEPAL, la ONU, la Unión Europea y el Gobierno de México reconocieron el compromiso de Tamaulipas con un modelo de desarrollo basado en la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad. Asimismo, alcaldes de diversos municipios entregaron sus informes locales voluntarios, fortaleciendo el trabajo conjunto para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como parte de su gira, Américo Villarreal también encabezó la entrega de la carta de intención para adquirir 50 vehículos eléctricos Olinia, inauguró la exposición “Pasión Jaiba: Más de un Siglo de Futbol en Tampico” y supervisó los avances del nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.
POR OTRA PARTE…, El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, participó en la mesa de trabajo convocada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde refrendó el compromiso de la UAT con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.
En el encuentro, encabezado por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel y el secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, participaron rectores de 30 universidades públicas del país.
Durante la reunión se firmó un convenio entre la ASF y la ANUIES para fortalecer la coordinación institucional, mejorar los procesos de fiscalización, promover el combate a la corrupción e impulsar la participación de estudiantes universitarios en estancias de capacitación dentro de la ASF, consolidando una cultura de legalidad y buen gobierno en la educación superior.
Discussion about this post