El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró que sus recientes declaraciones sobre los planes de reconstrucción fronteriza tras el doble terremoto del pasado 24 de junio no contemplan desconocer la soberanía territorial de Venezuela. La precisión ocurre luego de que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la nación vecina manifestara su inconformidad con los comentarios del futuro mandatario.
A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa, el político que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto puntualizó que bajo ninguna circunstancia se propuso sustituir las competencias institucionales ni las responsabilidades jurídicas correspondientes a las autoridades gubernamentales de Caracas.
El origen del reclamo diplomático de la Cancillería venezolana
La fricción entre el gobierno entrante de Bogotá y la administración venezolana derivó de un acto público donde Abelardo de la Espriella afirmó que la reconstrucción de las áreas afectadas por los sismos debía ser ejecutada por Colombia, considerando los recursos logísticos y de infraestructura disponibles en la zona limítrofe.
La Cancillería de Venezuela respondió al mensaje señalando que la planeación y el desarrollo de obras civiles tras los daños del desastre natural competen de forma exclusiva al Estado venezolano. La representación gubernamental añadió que ya se encuentran operativas las industrias estatales y los sectores privados locales para atender la contingencia.
Cooperación fronteriza y capacidades técnicas tras los sismos
La oficina del presidente electo colombiano argumentó que los comentarios iniciales se formularon desde una perspectiva estrictamente humanitaria y asistencial. La postura institucional subraya que el impacto de los terremotos justifica la colaboración internacional y la complementariedad técnica entre naciones colindantes.
El equipo de transición de De la Espriella manifestó que Colombia dispone del equipamiento y personal calificado necesario para participar en tareas de remoción de escombros y edificación de vivienda pública. No obstante, recalcaron que estas actividades solo se implementarán si se formalizan los canales institucionales pertinentes y existe mutuo acuerdo entre ambos Estados.
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