La cadena hotelera española Meliá anunció el cese inmediato de sus servicios de gestión y comercialización en los 15 establecimientos que operaba en Cuba. La compañía justificó su salida por el adverso contexto geopolítico, legal y económico de la isla caribeña, sumándose a los retiros recientes de firmas internacionales como Iberostar y la canadiense Blue Diamond.
El repliegue responde directamente a la presión de Washington sobre Gaesa, el conglomerado económico-militar que controla el sector turístico cubano. Las corporaciones extranjeras que colaboran con este holding estatal tienen como límite regulatorio el 5 de junio para demostrar que no infringen las vigentes sanciones estadounidenses.
Impacto operativo de las sanciones de Estados Unidos a Gaesa
A través de un comunicado oficial, la firma con sede en Palma de Mallorca detalló que la medida se adoptó por una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a su control. Estos factores externos afectaron de manera directa la operatividad, la seguridad jurídica y el funcionamiento comercial de las instalaciones hoteleras.
Meliá aclaró que el impacto financiero directo será limitado, debido a que la gran mayoría de estos 15 complejos turísticos ya se encontraban inoperativos. La infraestructura hotelera de la isla enfrenta una marcada caída en la demanda de viajeros y problemas críticos en el suministro de energía eléctrica.
El fin de la presencia de cadenas hoteleras españolas en la isla
La retirada de Meliá e Iberostar marca un punto de inflexión histórico en el Caribe, al tratarse de las primeras empresas españolas que ingresaron al mercado cubano tras la apertura al turismo internacional en 1991. El endurecimiento de los controles financieros por parte del Departamento de Estado, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, aceleró el abandono generalizado del capital extranjero.
El Gobierno de La Habana defendió la estructura corporativa de Gaesa, argumentando que el conglomerado fue diseñado para sortear el embargo económico y captar divisas. Sin embargo, el esquema de fiscalización norteamericano bloqueó la viabilidad de los contratos de administración hotelera vigentes en el país.
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