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La propuesta fue respaldada por diputados del PAN, PRI y Morena. Además, se solicitó que en un plazo máximo de 15 días el mandatario estatal informe si los despachos GMA Firma Jurídica y Fiscal y/o Firma Jurídica y Fiscal Abogados han prestado servicios a dependencias del Gobierno estatal desde el 1 de enero de 2021.
El acuerdo también contempla un requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIF) de la Tesorería estatal para que detalle las investigaciones realizadas sobre posibles hechos ilícitos u omisiones fiscales relacionados con ambos despachos, o bien informe las acciones que emprenderá.
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado deberá realizar una revisión del 100 por ciento de las operaciones y actos jurídicos celebrados entre el Gobierno estatal y los despachos vinculados al mandatario y su familia.
La diputada Lorena de la Garza afirmó que el objetivo es esclarecer presuntas triangulaciones de recursos públicos y conocer el alcance de las relaciones comerciales señaladas en diversas investigaciones y reportes periodísticos.
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