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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ubicó a México entre seis economías que cuentan con una prohibición legal para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso, pero que, según su evaluación, presentan deficiencias en la aplicación de esas disposiciones.
En el mismo grupo aparecen Canadá, Ecuador, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea. En contraste, otras 54 economías, entre ellas China, India, Japón, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Reino Unido, Australia y Vietnam, fueron señaladas por no establecer o no aplicar adecuadamente este tipo de restricciones.
Como parte de la investigación, la USTR propuso aranceles adicionales de 10 por ciento para importaciones provenientes de países que cuentan con prohibiciones legales, como México, y de 12.5 por ciento para aquellos que carecen de ellas.
El organismo reconoció que México emitió en febrero de 2023 un acuerdo para impedir la importación de mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzoso. Sin embargo, señaló que desde su entrada en vigor, en mayo de ese año, no existe evidencia pública de sanciones o acciones derivadas de la medida.
Además, cuestionó la transparencia de los procedimientos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y advirtió la ausencia de herramientas como un listado público de empresas vinculadas a estas prácticas. La propuesta será sometida a consulta pública hasta el 6 de julio, mientras que las audiencias están programadas para el 7 de julio.
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