El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra al Banco Financiero Internacional SA (BFI) y a la empresa estatal GeoMinera SA. La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), endurece el control financiero sobre el conglomerado militar cubano y las operaciones de extracción de recursos en la isla.
Las actualizaciones de la OFAC también alcanzan a la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), una entidad financiera no bancaria, una firma de logística y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, periodista casada con el hijo de Raúl Castro. Las sanciones bloquean los activos de estas entidades bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
El impacto en el motor financiero de Gaesa
El Banco Financiero Internacional (BFI) opera bajo el control del Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), el conglomerado militar que gestiona los sectores estratégicos de la economía de Cuba. El BFI funciona como la principal ventanilla comercial de la isla para procesar y captar transacciones en divisas fuertes con corporaciones extranjeras.
De acuerdo con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Gaesa opera como el soporte financiero del aparato de seguridad de La Habana. Las restricciones al BFI buscan asfixiar el flujo de capital internacional que ingresa de forma directa a las arcas controladas por las fuerzas armadas cubanas.
Bloqueo a la minería y crisis energética en la isla
GeoMinera SA, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, mantiene una alianza con Trafigura Group para la explotación de un yacimiento de zinc en la región occidental de Cuba. La comercializadora multinacional de materias primas suspendió recientemente los despachos de mineral hacia socios comerciales en China debido a las presiones regulatorias y al desabastecimiento de energía.
Tanto GeoMinera como Antillana de Acero fueron seleccionadas por generar ingresos directos al gobierno de la isla mediante la exportación de minerales y metales. Estas sanciones se suman al cerco logístico que mantiene a Cuba bajo un desabastecimiento crítico de combustible, afectando el desarrollo industrial y la red eléctrica local.
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