Ciudad de México (18 de mayo de 2026).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que la inmovilización de activos financieros aplicada a Rubén Rocha Moya, tres de sus hijos y nueve excolaboradores de la administración de Sinaloa posee una naturaleza estrictamente administrativa y precautoria. La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), subrayó que la incorporación de este grupo a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) no significa que exista un fallo condenatorio o una responsabilidad legal demostrada en su contra.
El procedimiento se originó a partir de reportes bancarios internos calificados como “LPB 24 Horas”. Las instituciones bancarias en México activaron alertas dirigidas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) debido a los vínculos comerciales y de corresponsalía que mantienen con el sistema financiero de Estados Unidos, país donde los señalados enfrentan acusaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.
Posicionamiento oficial y mecanismos de defensa
El órgano de inteligencia financiera especificó las condiciones operativas de la sanción y los derechos procesales que conservan las personas afectadas mediante un reporte institucional:
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”
“Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”
Actualmente, la entidad fiscalizadora efectúa una revisión técnica y documental enfocada en el Gobernador con licencia, sus familiares directos (Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha) y los nueve exfuncionarios que cuentan con requerimientos judiciales en territorio estadounidense.
Postura del Ejecutivo Federal
Antes de la publicación del boletín técnico de la UIF, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó la existencia de una indagatoria formal por parte del organismo mexicano durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, definiendo el suceso como una reacción automatizada.
Al ser cuestionada sobre los motivos del congelamiento de activos, la Mandataria expuso la dinámica de la intervención:
“Van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Es de una manera preventiva. Ahí se va a explicar en el documento”
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”
Ante la insistencia sobre la existencia de una línea de investigación propia de la UIF, la titular del Ejecutivo reiteró:
“No, ahí lo va a explicar en el documento; son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”
Estatus de los implicados
De los perfiles sinaloenses reclamados por la justicia de los Estados Unidos, dos exmiembros del gabinete estatal ya se encuentran bajo la custodia de las autoridades norteamericanas tras haberse entregado voluntariamente. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas.
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