Ciudad de México (13 de mayo de 2026).- La tensión política entre el partido Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) ha alcanzado un punto crítico en Chihuahua tras el anuncio de procesos legales contra los mandatarios de ambas fuerzas. Este enfrentamiento, que se da en el marco de la próxima sucesión estatal, ha derivado en una serie de señalamientos directos sobre la seguridad pública y la soberanía nacional.
Ariadna Montiel, figura relevante de Morena, confirmó que se promoverá una solicitud de juicio político formal en contra de la gobernadora constitucional, Maru Campos. El argumento central de esta acción legal se basa en la presunta permisión de operaciones por parte de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio chihuahuense. Aunado a la vía jurídica, se informó que el bloque morenista iniciará una serie de protestas y movilizaciones en la entidad a partir del próximo sábado.
La postura del Gobierno del Estado
Ante las acusaciones, la mandataria panista fijó una postura defensiva y acusatoria a través de un mensaje audiovisual. En su intervención, Maru Campos rechazó los señalamientos de la dirigencia morenista y vinculó la gestión de sus opositores con la falta de resultados en materia de seguridad, contrastando los modelos de gobierno de ambas plataformas.
“No es lo mismo combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”.
Acusaciones de vínculos con el crimen
La gobernadora sostuvo que los ataques de Morena funcionan como una estrategia para desviar la atención de problemas internos y crisis de gobernabilidad a nivel federal. Asimismo, defendió su gestión enfocada en la protección de las familias y la generación de empleo, desmarcándose de los señalamientos de intervención extranjera.
“Así que mientras, en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables, para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”.
Este choque de poderes anticipa un escenario de polarización en el estado, donde la confrontación administrativa se trasladará a las calles con las movilizaciones programadas para el fin de semana.
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