Ciudad de México (12 de mayo de 2026).- La implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el pasado 1 de mayo, traerá consigo un ajuste gradual en la carga horaria que comenzará a ser tangible en enero de 2027. De acuerdo con las nuevas disposiciones, la semana laboral se reducirá de 48 a 46 horas durante el primer año de aplicación, manteniendo el mismo nivel salarial para los empleados, hasta alcanzar el límite de 40 horas en el año 2030.
Este cambio normativo genera preocupación en el sector contable y empresarial. Roberto Cavazos García, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), señaló que la medida podría desencadenar presiones inflacionarias debido al incremento en los gastos de operación que las compañías deberán trasladar al precio final de sus productos y servicios.
Incremento en la carga social y costos operativos
El capital humano representa uno de los gastos más significativos para las organizaciones en el país. El costo real de un trabajador no se limita al sueldo neto, sino que incluye una robusta carga social que abarca IMSS, Infonavit, aguinaldos y diversas primas. Según estimaciones del ICPNL, estos conceptos pueden representar entre un 35% y un 50% adicional sobre el salario base.
Al respecto, Cavazos García explicó la mecánica de este impacto financiero:
“Si el empleador va a contratar a personal adicional para cubrir este faltante de horas, si es que fuera requerido, pues obviamente los costos se van a incrementar y que van a repercutir en el precio del producto, lo que traerá un problema de inflación”.
Para mitigar la reducción de horas en 2027, el especialista anticipa que muchas empresas recurrirán inicialmente al pago de tiempo extra, el cual tiene un costo doble y podría terminar integrándose de forma permanente al salario. Sin embargo, para los años subsecuentes (2028-2030), la estrategia deberá evolucionar hacia la contratación de personal nuevo para cubrir los turnos.
Digitalización obligatoria de accesos y nóminas
Un aspecto crítico de esta transición es la obligatoriedad de implementar controles digitales para el registro de asistencia. El presidente del ICPNL advirtió que las empresas tienen como fecha límite el próximo diciembre para adecuar sus sistemas, ya que a partir del 1 de enero de 2027 se iniciarán procesos de vigilancia y posibles sanciones.
“Mi recomendación es que las empresas deben empezar a prepararse, porque a partir de enero del 2027 empiezan los procesos de tiempo extra, van a empezar también sanciones y se va a tener que llevar también un control digital de los accesos de los trabajadores”.
Estos sistemas electrónicos podrán incluir tecnologías de huella digital, registros en la nube o herramientas de geolocalización en dispositivos móviles para monitorear la actividad laboral. La urgencia radica en que estas plataformas deben estar vinculadas con la gestión de nóminas para garantizar la transparencia en el pago de las horas laboradas bajo el nuevo esquema legal.
Proyección de la transición laboral 2027-2030
La reducción será paulatina, restando dos horas de trabajo por semana cada año. El sector industrial se perfila como el más afectado debido a la naturaleza de sus procesos de producción continua, donde el faltante de horas impacta directamente en la productividad de la planta.
“Va a haber un impacto en la parte económica de las empresas porque, si hasta ahora sus colaboradores trabajaban 48 horas a la semana, ahora van a ser 46 horas en el 2027, pero con el mismo salario, y cada año serán dos horas menos hasta llegar a 40 horas en el 2030”.
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