El pasado 18 de abril, en el estado de Chihuahua ocurre un accidente automovilístico en el que lamentablemente perdieron la vida cuatros personas. Cuatro días después, el 22 de abril, se confirmó que dos de ellos eran trabajadores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La cloaca se ha destapado. La gobernadora de “Nuevo Texas” Maru Campus, perdón de Chihuahua, guardó silencio mientras la información empieza a fluir.
Rápidamente la misma autoridad local se empieza a contradecir: primero reconocieron que los agentes de la CIA habían participado en un operativo; después señalaron que se encontraban capacitando a policías estatales a seis horas del lugar del accidente y que el convoy del comandante, que también murió en el accidente, les dio un raid de la contradicción se pasó al absurdo: el anuncio de la creación de una unidad especializada que investigue los hechos ocurridos, hechos que están fuera de su alcance de investigación ya que los delitos son de índole federal.
En otras palabras, no tiene facultades legales para investigar lo que dice que está investigando y además tiene que investigar a la propia gobernadora, es decir, a la jefa de esa comisión de investigación y del absurdo otra vez se pasa a la contradicción al culpar al comandante fallecido de haber infiltrado a los agentes de la CIA, el mismo que fue enterrado con honores, es decir, se le rindió honores a un traidor a la patria.
Sobre la prohibición de agentes extranjeros en territorio nacional que realicen persecuciones o investigaciones la Constitución Política es muy clara en su artículo 40 párrafos 2 y 3 y artículo 117 fracción primera. Además de las violaciones a la Ley General de Seguridad en sus artículos 3, fracción primera y segunda, artículo 5 fracción primera, segunda y tercera. Artículo 26 y 70.
La crisis provocada por ella misma ya sea por acción u omisión, la ha colocado en una situación política muy vulnerable. Sin importar lo que ella realice, el daño ya está hecho.
Consciente de lo anterior ha empezado a realizar una política de contención de daños- que incluyó la renuncia del Fiscal Estatal y la ausencia a la comparecencia a la Cámara de Senadores. De poco le van a servir. Su prolongado silencio, de días, y las contradicciones oficiales la muestran como lo que es una mujer carente de liderazgo político en momentos de crisis.
Si no sabía queda como boba e ingenua, dos características incompatibles para quien ejerce liderazgo político. Pero si sabía y aun así lo permitió queda como mentirosa, traidora a la patria y poco digna de confianza.
Lo anterior no la exime de los dos juicios el político y el penal. El político es la Cámara de Diputados la que se erige como autoridad y después de que ambas partes involucradas presenten sus argumentos se somete a votación en el pleno, la votación a favor de dos terceras partes es necesaria para quitarle el fuero. Si se alcanza tal votación se manda la iniciativa al Congreso Local, quien en última instancia ratifica o no la declaratoria (caso Cabeza de Vaca).
Es predecible que al no contar Morena con la mayoría en el Congreso Local de Chihuahua la declaratoria sea desechada, por lo tanto, mantenga el fuero y no se le pueda apresar mientras ejerza las funciones de gobernadora.
El juicio penal es la Fiscalía General de la República quien se encarga de la investigación, pero de igual manera la declaratoria de procedencia se comunica al Congreso Local quien en última instancia decide.
Todo parece indicar, tal como sucedió con el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, la acción penal se va a ejercer después de que la gobernadora termine sus funciones.
Contacto. [email protected]
Discussion about this post