Tel Aviv, Israel (18 de mayo de 2026).- Los tribunales militares de Israel en Cisjordania ocupada cuentan con el aval legal para dictar la pena capital contra ciudadanos palestinos. El ministro de Defensa, Israel Katz, ratificó que las fuerzas armadas firmaron la disposición que pone en marcha la legislación ratificada por el Parlamento el pasado 30 de marzo, marcando el inicio formal de una de las normativas más cuestionadas de la administración actual.
La regulación se ejecutará mediante una enmienda a la orden militar vigente en la zona. De acuerdo con el documento oficial, la máxima sanción penal se enfocará de manera exclusiva en aquellos residentes del territorio que perpetren ataques con el propósito explícito de “negar la existencia del Estado de Israel o la autoridad del comandante del Ejército en la zona”. En la práctica, el marco legal sanciona a los palestinos que asesinen a ciudadanos judíos, excluyendo de este castigo a los militares o colonos israelíes que maten a palestinos.
Postura oficial y argumentos gubernamentales
La resolución busca establecer un mecanismo de disuasión severo dentro de la región. El titular de la cartera de Defensa argumentó que el inicio de estas operaciones coercitivas responde a una instrucción directa hacia las fuerzas armadas para aplicar la ley de forma inmediata tras su aprobación legislativa.
“mensaje claro” que los agresores que matan a judíos “pagarían el precio más caro”.
Reacciones y cuestionamientos al derecho internacional
La comunidad global y los liderazgos locales manifestaron su rechazo ante la reactivación de la pena de muerte bajo estas condiciones. La Unión Europea calificó el escenario como “muy preocupante”, mientras que diversas organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos denunciaron que el decreto posee un sesgo discriminatorio que compromete las garantías básicas de un proceso judicial justo y equitativo.
Por su parte, los representantes del gobierno palestino señalaron de forma reiterada que la adopción de este tipo de políticas, sumada al crecimiento de los asentamientos y la asimilación de la administración civil por parte de Israel, bloquea la viabilidad y el desarrollo futuro de un Estado palestino independiente.
Las tensiones en el área se mantienen elevadas tras décadas de ocupación militar y expansión de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, áreas bajo control israelí desde el conflicto armado de 1967 y cuya condición actual es catalogada como ilegal por los tratados del derecho internacional. El anuncio coincide además con reportes del Ministerio de Salud palestino en Ramallah, que confirmó el deceso de un ciudadano palestino el sábado a manos de efectivos israelíes en un campo de refugiados del norte de Cisjordania.
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