Ciudad de México (15 de mayo de 2026).- A pesar de los esfuerzos por transparentar el origen y destino de los recursos en la política, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha manifestado que sus herramientas actuales son insuficientes para identificar capitales vinculados a la delincuencia organizada. Según los consejeros del organismo, la labor de fiscalización se topa con un muro cuando los fondos no se reportan o provienen de estructuras criminales que escapan a su jurisdicción administrativa.
El consejero Arturo Castillo enfatizó que, aunque el instituto realiza un seguimiento puntual de los aportantes, no posee la capacidad de investigar el trasfondo legal de los particulares que inyectan dinero a los partidos.
La necesidad de un frente común institucional
La autoridad electoral subrayó que la resolución de este problema no recae exclusivamente en sus manos. Se hizo un llamado directo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al SAT, a las fiscalías estatales y a la Auditoría Superior de la Federación para que atiendan las alertas emitidas por el instituto, ya que, en procesos anteriores, las denuncias han quedado sin respuesta aparente.
“La fiscalización que hace el INE se limita a verificar que los partidos nos reporten todos los ingresos y gastos que tienen y que dejen claro cuál es el origen y destino de esos recursos. Cuando identificamos el origen de los recursos solamente podemos identificar a las personas que hacen la aportación, pero no podemos saber si esa persona está aportando dinero del crimen organizado o de lavado de dinero, o si pertenece o no pertenece al crimen organizado”, advirtió Castillo.
Asimismo, se señaló que exigir labores de investigación de campo al personal electoral pondría en riesgo su integridad física frente a los grupos delictivos.
Limitaciones técnicas y vacíos legales
Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas fue contundente al señalar que el INE no puede asumir roles que competen a las instituciones de seguridad pública. La dificultad radica en que gran parte del financiamiento paralelo no se manifiesta en eventos públicos que puedan ser contabilizados por los auditores.
“Lo más que puede hacer el INE cuando vienen a denunciar cosas es informar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La seguridad pública no puede ser responsabilidad del INE. Detectar el dinero que circula fuera de los cauces legales es complicado, lo hacemos de manera razonablemente eficiente, pero poder detectar dinero, presumiblemente proveniente de la delincuencia organizada y que jamás se traduce en eventos públicos que son los que el INE fiscaliza ¡Hombre, y cómo!”, afirmó Espadas.
Estrategias de vigilancia anticipada
Como medida para mitigar estos riesgos, se ha propuesto implementar lineamientos de fiscalización más estrictos desde las etapas de selección interna de candidatos. Esto cobra relevancia ante el calendario de partidos como Morena, que prevé iniciar registros para gubernaturas el 22 de junio, adelantándose considerablemente a los tiempos legales.
Sin embargo, esta propuesta de control preventivo enfrenta resistencia interna. Mientras algunos consejeros buscan aplicar una “lupa detallada” a estos procesos tempranos, otros integrantes del Consejo General han solicitado más tiempo para evaluar la viabilidad de dichas normas.
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