Nueva York, Estados Unidos (7 de mayo de 2026).- Joaquín “El Chapo” Guzmán remitió una carta dirigida al Distrito Este de Nueva York en la que sostiene ser víctima de una injusticia procesal y asegura que su libertad fue retirada sin el sustento de evidencias contundentes. En el documento redactado en inglés, el mexicano rechaza las acusaciones que lo vinculan con actividades delictivas en territorio estadounidense, afirmando que no ha provocado daños a terceras personas.
Cuestionamiento a la fiscalía y testimonios
Guzmán Loera dirige sus señalamientos hacia las figuras de Ray Donovan y Richard Donoghue, a quienes vincula con las acusaciones en su contra por la operación de una organización criminal. Según su declaración, los cargos que sostienen su sentencia se fundamentaron en la participación de una sola persona, cuya veracidad pone en duda ante la autoridad judicial.
“Mi nombre es Joaquín Guzmán, que está luchando contra la injusticia de las cortes respecto a las acusaciones y al supuesto papel de Ray Donovan como fiscal de distrito y Richard Donoghue por culparme sobre una empresa que ya estaba establecida y que no tenía nada que ver con los crímenes en América”.
Asimismo, el emisor de la misiva enfatiza su desconcierto ante la estrategia del Gobierno federal de permitir dicho testimonio para concretar su condena.
Responsabilidad estatal y contexto histórico
Dentro de la correspondencia, el sentenciado desvía la autoría de los episodios de violencia hacia las instituciones oficiales de su país de origen, deslindándose de las ejecuciones y crímenes reportados durante su periodo de actividad.
“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos. Yo no le hice daño a nadie. Estos cargos de mi condena se basaron en un solo testigo en mi caso. No tengo idea de por qué el Gobierno federal permitió que testificara contra mí ante la falta de evidencia para quitarme mi libertad”.
La trayectoria pública de Joaquín Guzmán está marcada por su relación con las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue durante el mandato de este último, en 2016, cuando se logró su recaptura definitiva para su posterior entrega a las autoridades de Estados Unidos.
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