Ciudad de México (5 de mayo de 2026).- La reciente Estrategia Nacional de Control de Drogas publicada por la Casa Blanca marca un punto de inflexión en la colaboración bilateral. El documento establece una postura firme, condicionando el apoyo en seguridad y operaciones conjuntas a la obtención de resultados verificables por parte del gobierno mexicano.
El texto oficial detalla la intención de Washington de ejercer presiones tanto judiciales como diplomáticas para asegurar lo que denominan una “cooperación robusta”. Al respecto, la estrategia especifica:
“El Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra”, establece la estrategia, “liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”.
Actualmente, el esquema de cooperación integra intercambio de inteligencia, seguridad en la franja fronteriza y capacitación para funcionarios del ámbito judicial mexicano.
La postura de Palacio Nacional: falta de sustento legal
Ante la presión de la administración estadounidense para concretar arrestos y extradiciones, el Gobierno de México ha marcado una postura clara sobre el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios. Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, explicó que la solicitud enviada carece de los elementos necesarios para activar los protocolos de urgencia.
Según la funcionaria, la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha notificado a la Cancillería sobre la insuficiencia de la documentación presentada por la parte demandante. Alcalde declaró:
“La Fiscalía General de la República ya emitió opinión a la Cancillería respecto a que la parte requirente (Estados Unidos) no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”.
El argumento legal se basa en el Artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual restringe las detenciones provisionales a escenarios donde exista riesgo real de sustracción y elementos probatorios que justifiquen dicha urgencia. Al no cumplirse estos criterios, la FGR ha solicitado al tribunal estadounidense la información adicional necesaria para continuar el proceso conforme a derecho.
Sheinbaum minimiza los requerimientos
La Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la celeridad que Estados Unidos pretende imponer en estos procesos. Durante su conferencia matutina, cuestionó la procedencia y el sustento de la petición, aludiendo a que se trata de un requerimiento administrativo de alcance limitado.
“¿Por qué es tan urgente?”, cuestionó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“¿Qué pruebas tienen? Que envíen las pruebas que tienen”, retó en la mañanera.
Finalmente, la mandataria reiteró su postura ante la solicitud proveniente del tribunal neoyorquino:
“Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York”, dijo, “una oficina de Nueva York que está pidiendo la detención urgente con motivos de extradición”.
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