Washington, Estados Unidos (1 de mayo de 2026).- La mayoría republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos calificó la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como el punto de partida de una ofensiva contra la impunidad. El anuncio, revelado el pasado lunes en Nueva York, fue secundado este jueves por el grupo encabezado por el congresista de Florida, Brian Mast.
La bancada republicana trazó un paralelismo directo entre el caso del funcionario mexicano y el proceso contra Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses detuvieron unilateralmente bajo cargos de narcotráfico. A través de la red social X (@HouseForeignGOP), el comité emitió el siguiente posicionamiento:
“Los días de impunidad para los narco-terroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya: si eres cómplice del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, les haremos rendir cuentas. Esto es solo el comienzo”.
El señalamiento de Carlos Giménez
Dentro del Poder Legislativo estadounidense, el congresista republicano Carlos Giménez fue el único parlamentario en fijar una postura individual respecto a la acusación formal radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Giménez, exalcalde de Miami y con amplia trayectoria en temas latinoamericanos, vinculó directamente al partido gobernante en México con actividades ilícitas.
“Morena es sinónimo de narcocorrupción! Bajo el mandato del Partido Morena, México se ha convertido en UN narco-Estado. Desde el Congreso de Estados Unidos, estamos preocupados que esta conspiración llegue a los niveles más altos del Gobierno mexicano”.
Escenario en Washington
A pesar del ruido generado por los legisladores republicanos, el ecosistema político en Washington ha mostrado una respuesta contenida. El Comité de Asuntos Exteriores, compuesto por 27 legisladores republicanos y 23 demócratas, registró un silencio absoluto por parte de los miembros del Partido Demócrata, quienes optaron por no pronunciarse sobre la situación del gobernador sinaloense.
Hasta el momento, las únicas voces oficiales del gobierno estadounidense que han abordado el caso son Jay Clayton, fiscal del Departamento de Justicia por el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), durante la presentación de la acusación el pasado miércoles. Fuera de estas instancias, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Senado estadounidense mantienen una postura de no intervención en la opinión pública.
Discussion about this post