Ciudad de México (23 de abril de 2026).- El pleno del Senado de la República formalizó un llamado a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal general del estado, César Jáuregui, para el próximo martes. El objetivo de la reunión de trabajo es esclarecer las circunstancias de un operativo conjunto donde perdieron la vida dos agentes estadounidenses, hecho que ha encendido las alarmas sobre posibles vulneraciones a la soberanía nacional.
La resolución, impulsada inicialmente por el legislador Juan Carlos Loera de la Rosa y avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales, exige que las autoridades estatales entreguen un reporte detallado que incluya la cronología de los hechos y el registro de las comunicaciones mantenidas con el Gobierno Federal.
Riesgos a la seguridad y soberanía nacional
Durante la presentación del dictamen, el senador Oscar Cantón Zetina subrayó que la presencia de fuerzas extranjeras en tareas de seguridad pública, sin la debida coordinación institucional ni aviso a las autoridades federales, representa una irregularidad grave. Según se establece en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, el estado está obligado a transparentar este tipo de colaboraciones.
Aunque la bancada del PAN votó a favor del acuerdo, el debate en el pleno escaló rápidamente hacia una confrontación verbal. El coordinador panista, Ricardo Anaya, calificó la medida como un intento de “sentar en el banquillo de los acusados” a la gobernadora y demandó que se aplique el mismo criterio con otros mandatarios estatales.
Controversia por la presencia de la CIA
La naturaleza de los agentes fallecidos fue el punto central del conflicto. Mientras que la oposición defendió las acciones de Chihuahua como un combate frontal al crimen, sectores del oficialismo señalaron que los elementos involucrados pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y no a la DEA, lo cual agrava la interpretación del incidente.
“La DEA es la encargada en Estados Unidos de investigar temas de narcotráfico y la CIA la responsable de ‘descarrilar gobiernos democráticos y de promover golpes de Estado'”. — Gerardo Fernández Noroña, senador.
Por su parte, los senadores Javier Corral y Juan Carlos Loera recordaron antecedentes de la administración de Campos, como el memorándum de entendimiento firmado en 2022 con el gobierno de Texas, señalando una política de “entreguismo” hacia agencias externas.
Alcances legales de la convocatoria
Ante los señalamientos de la oposición sobre una posible violación al pacto federal, legisladores de Morena defendieron la facultad constitucional del Senado para vigilar la entrada de elementos extranjeros al país. No obstante, el senador Cantón Zetina precisó que la asistencia de la gobernadora es una invitación enmarcada en el control político.
“Lo que eso sí tiene este punto de acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”. — Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se aclaró que, en caso de que la mandataria estatal decida no asistir, no se aplicarán sanciones inmediatas ni se prejuzgará su responsabilidad penal, ya que dicha determinación compete a otras instancias judiciales.
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