Ciudad de México (24 de abril de 2026).- En el marco de un foro organizado por el Senado de la República, diversos sectores técnicos, legales y legislativos manifestaron un respaldo unánime a la propuesta de reprogramar la segunda etapa de la elección de jueces, magistrados y ministros. La intención es trasladar el proceso de 2027 a 2028 para garantizar la viabilidad financiera y operativa de los comicios.
Actualmente, el calendario constitucional prevé que la elección judicial coincida con las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y alcaldías. No obstante, los ponentes advirtieron que esta simultaneidad compromete la certeza jurídica y la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE).
Impacto presupuestario y logística electoral
La consejera electoral Rita Bell López destacó que mantener la fecha original en 2027 dispararía el costo de organización a cifras sin precedentes. Según sus estimaciones, el presupuesto necesario ascendería a los 15 mil millones de pesos, contrastando con los ocho mil millones utilizados en el proceso federal de 2024.
“Hay muchas áreas de oportunidad. En una opinión que hicimos llegar al comité que se encargó de trabajar los foros para una reforma electoral, una de las cosas en que los once consejeros coincidimos era la necesidad de aplazar la elección y que solamente fuera para 2026 el Poder Legislativo”.
“La proyección que podríamos estar pensando justo, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos, que son necesarios para la seguridad y certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”.
López también señaló un posible desabasto de boletas electorales ante la magnitud de cargos en disputa si se mantienen ambas elecciones el mismo año.
Riesgos de politización y fallas operativas
Desde la perspectiva legislativa, el senador Javier Corral subrayó la importancia de separar los tiempos para evitar que los procesos locales contaminen la elección de juzgadores. El legislador advirtió sobre la influencia de actores políticos regionales en la conformación de los poderes judiciales estatales.
“Ajustar los tiempos del proceso. La experiencia ya mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden. Un calendario bien definido permite que el proceso se lleve a cabo con mejores condiciones, lo que hace razonable que la elección del 2027 se posponga al 2028”.
Por su parte, representantes de la sociedad civil y el sector empresarial coincidieron en que la saturación institucional de 2025 ya ha dejado lecciones sobre la dificultad del voto informado. Mariana Campos, de México Evalúa, enfatizó que no existe margen para errores logísticos que afecten la confianza en el sistema.
Finalmente, Jorge Peñuñi Pantoja, representante de Coparmex, instó a trazar una ruta que segregue la lógica política de la judicial, mientras que Jorge Sepúlveda García, de la Barra Mexicana de Abogados, sugirió que incluso se podría considerar el año 2029 para asegurar una inversión adecuada en el sistema de justicia.
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