Ciudad de México (29 de abril de 2026).- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación penal contra diez servidores y exservidores públicos del estado de Sinaloa, encabezados por el actual gobernador, Rubén Rocha Moya. Los cargos presentados ante la justicia federal de Estados Unidos incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos y delitos relacionados con el uso de armas de fuego, vinculando directamente a la administración estatal con las operaciones del Cártel de Sinaloa.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, confirmaron que los señalados habrían utilizado sus posiciones de poder para facilitar el ingreso de sustancias ilícitas a territorio estadounidense. El expediente judicial ha sido turnado a la jueza Katherine Polk Failla para su seguimiento. Según las autoridades, el esquema de corrupción permitió que la organización criminal operara sin restricciones a cambio de cuantiosos sobornos y respaldo político.
Red de protección y filtración de inteligencia
La acusación detalla que figuras como el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra, desempeñaron roles operativos para la estructura criminal. Las funciones de estos funcionarios consistían en la entrega de información confidencial de inteligencia y el despliegue de agentes policiales para custodiar cargamentos de droga.
De acuerdo con el documento oficial, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”. Entre los nombres que figuran en la lista de imputados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y Juan de Dios Gámez Mendívil.
Nexos electorales con ‘Los Chapitos’
Uno de los puntos centrales de la investigación señala una alianza estratégica entre el gobernador Rocha Moya y la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La fiscalía sostiene que este grupo criminal influyó en las elecciones de 2021 mediante actos de intimidación contra opositores para asegurar la victoria del actual mandatario. A cambio, Rocha Moya habría garantizado protección oficial desde el inicio de su gestión el 1 de noviembre de 2021.
Sobre la gravedad de esta colaboración, el Fiscal Clayton declaró:
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas. Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Cargos por ejecución y tortura
La imputación incluye señalamientos de extrema violencia contra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán. A Millán se le responsabiliza de entregar el control de la corporación a “Los Chapitos” y de participar directamente en hechos de sangre. Se le imputa el secuestro, tortura y posterior asesinato de una fuente colaboradora de la DEA y un familiar en octubre de 2023.
Finalmente, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista que socava las instituciones públicas.
“Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente usaron posiciones de confianza para proteger operaciones del cártel, facilitando el flujo de drogas letales hacia nuestro país”.
Aunque se cree que todos los acusados residen actualmente en México, la justicia estadounidense mantiene activa la persecución judicial como parte de una estrategia integral contra los nodos de apoyo al narcotráfico internacional.
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