Ciudad de México (28 de abril de 2026).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados suspendió la sesión de dictaminación de la reforma integral orientada a regular las prácticas de las aseguradoras médicas, la cual estaba prevista para este martes. La decisión busca abrir un espacio de análisis técnico entre el Poder Legislativo, la Secretaría de Hacienda y los representantes del sector privado.
A pesar de que el proyecto suma un año de análisis en el Congreso y cuenta con el respaldo de diversas fuerzas políticas, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, confirmó que el debate se posterga para evaluar las repercusiones económicas de las modificaciones propuestas.
“Hemos querido dar más tiempo, dado que me han hablado muchos de los actores para revisar bien, junto con Hacienda y junto con personas morales, el impacto que tendrían las reformas en beneficio de la ciudadanía”, indicó.
Portabilidad y beneficios para adultos mayores
El dictamen, que surge de una construcción plural entre Morena, PAN, PRI, PVEM y MC, propone cambios sustanciales a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la Ley sobre el Contrato de Seguro. Entre los puntos más destacados se encuentra la portabilidad de pólizas, que permitiría a los usuarios cambiar de compañía conservando su antigüedad y los periodos de espera ya cumplidos.
En el ámbito fiscal, el proyecto plantea un esquema de protección para los adultos mayores de 60 años, sugiriendo la aplicación de una tasa cero de IVA en sus seguros y garantizando la deducibilidad de los montos pagados. Asimismo, se busca prohibir que las aseguradoras eliminen el derecho de renovación o la antigüedad de un cliente cuando este decida ajustar sus deducibles o coaseguros.
Mayor transparencia y libertad de elección
La reforma también pone énfasis en la autonomía del paciente. El texto establece el derecho de los asegurados a seleccionar libremente a sus médicos y centros hospitalarios, incluso si estos se encuentran fuera de la red establecida por la compañía, bajo esquemas de tabuladores registrados.
Por su parte, la Condusef jugaría un rol fiscalizador más estricto. El organismo quedaría facultado para publicar indicadores de desempeño que expongan los tiempos de respuesta de las empresas, las quejas acumuladas y los porcentajes de gastos no cubiertos. Aquellas instituciones que realicen cambios unilaterales en los contratos podrían enfrentar sanciones económicas superiores a los 500 días de salario.
Agenda legislativa y declaratoria de constitucionalidad
Más allá de la pausa en materia de seguros, la actividad parlamentaria continuará con la declaratoria de constitucionalidad de la reforma sobre feminicidio. Esta medida permitirá homologar el tipo penal y las sanciones en todo el país a través de una Ley General.
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