Lima, Perú (23 de abril de 2026).- La estabilidad del gabinete peruano se fracturó este miércoles con la salida de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. El conflicto se originó tras la transferencia de 462 millones de dólares a la empresa Lockheed Martin, correspondiente a la primera cuota para la adquisición de aviones caza F-16, a pesar de que el presidente interino, José María Balcázar, había ordenado suspender el proceso.
Mientras el mandatario sostenía que la decisión final debía recaer en el próximo gobierno que resulte electo en el balotaje de junio, el Ministerio de Economía hizo efectiva la transacción financiera durante la noche, argumentando la necesidad de honrar compromisos estatales.
El ahora ex canciller Hugo de Zela justificó su salida señalando que la contradicción presidencial afecta la imagen internacional de la nación. Al respecto, declaró en entrevista con RPP:
“El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación”.
De Zela precisó que la documentación contractual se formalizó el lunes 20 de abril, estableciendo para hoy la fecha límite del desembolso inicial.
El proyecto de modernización de la defensa peruana contempla una inversión total de 3 mil 500 millones de dólares. Tras evaluar opciones de fabricantes de Francia y Suecia, el comité estatal seleccionó en febrero los modelos estadounidenses F-16 Block 70.
Bernardo Navarro, embajador de Estados Unidos en Lima, detalló a radio Exitosa que el plan consiste en la entrega de dos escuadrones, sumando un total de 24 aeronaves. Las primeras 12 unidades tienen prevista su llegada al país en 2029.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos ratificó mediante un comunicado que la firma técnica del acuerdo se realizó con el consentimiento de las altas esferas del Gobierno peruano.
El Ministerio de Economía defendió la transferencia de los fondos a través de sus canales oficiales, subrayando que no cumplir con los términos pactados acarrearía costos adicionales y un daño a la reputación financiera de Perú.
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