Ciudad de México (30 de abril de 2026).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación propia para determinar la validez de los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos, tras recibir una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
Bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, la institución señaló que la petición del gobierno extranjero carece, por el momento, de los elementos necesarios para proceder. Según detalló Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, la dependencia debe sujetarse a la normatividad interna antes de ejecutar cualquier acción.
“No se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”
Protocolos y marco legal aplicable
La FGR enfatizó que no se realizarán detenciones automáticas basadas únicamente en peticiones externas. El vocero institucional explicó que el procedimiento internacional requiere una validación exhaustiva de las pruebas, conforme a las leyes mexicanas y el tratado bilateral vigente.
“En este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”
Lara López añadió que la obligación legal de la fiscalía, específicamente a través de la unidad encargada de asuntos internacionales, es realizar un análisis técnico preciso:
“Con fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta fiscalía a través de la fiscalía especial para asuntos internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud”
Confidencialidad y juicio de procedencia
El vocero subrayó que la solicitud de Estados Unidos exige medidas estrictas de confidencialidad, las cuales, según las autoridades norteamericanas, fueron vulneradas al hacerse pública la información. Esta filtración, explicó la FGR, contraviene normas procesales y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, comprometiendo la naturaleza reservada de los procedimientos penales.
Finalmente, respecto a la situación jurídica del mandatario estatal y otros servidores públicos involucrados, la Fiscalía recordó que la legislación mexicana establece salvaguardas específicas para cargos de elección popular.
“La legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidores públicas que ostentan dichos cargos”
La FGR concluyó que cualquier actuar fuera de la ley violentaría el Estado de derecho y las garantías individuales, por lo que mantendrá un análisis riguroso de la documentación recibida antes de emitir una resolución definitiva.
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